Solicitudes de información realizadas a través de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, pusieron al descubierto el intercambio de información, de documentos y opiniones entre Bárbara Bowman, directora de la División de enfermedades cardiacas del Center for Diseasse Control (CDC), y Alex Malaspina, estratega de Asuntos Científicos y Regulatorios de Coca Cola.
Este hecho se enmarca en la disputa entre gobiernos y empresas por la implementación de políticas públicas que inhiban el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar, con el objetivo de disminuir los índices de obesidad y los padecimientos crónicos. La industria de bebidas azucaradas no ha logrado recuperarse de toda la serie de acciones que buscan frenar su consumo.
La historia, dada a conocer por la periodista Carey Gillam, descubre la relación que ambos, funcionaria y ejecutivo, mantuvieron durante el último año a través de correos electrónicos. Ella envió, incluso desde el correo del CDC, información de “Proyectos de Principios” de 8 asociaciones público-privadas; el informe de política para frenar el consumo de azúcar del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, e informes del CDC, para los que agradeció a Malaspina “pensamientos y comentarios”.
También platicaron sobre sus preocupaciones respecto a la aceptación del nuevo formato de Coca Cola, el endulzante stevia y de los límites de ingesta diaria de azúcar implementados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
De acuerdo con lo publicado por Gillam en The Huffington Post, la salida de la investigadora el pasado jueves, se dio dos días después de que se diera a conocer que ofreció orientación al principal impulsor de Coca Cola que buscaba influir en los organismos mundiales en cuanto a la política de las bebidas azucaradas.
Para la periodista, la salida de Barbara y los correos dejan dudas de la eficacia y la transparencia en las políticas que regulan a las bebidas azucaradas. Sobre todo del programa Wisewoman, que atiende a mujeres de bajos ingresos y sin seguro médico y quienes tienen el riesgo de padecer alguna enfermedad crónica. El programa abarca no sólo la detección de la enfermedad, sino que también su prevención, brindando programas para lograr tener un mejor estilo de vida.
La ex directora también dirigía programas que promovían la investigación en los estados y otorgaba becas para prevenir y controlar los factores de riesgo que llevaran a padecer obesidad, diabetes, enfermedades cardiacas y cerebrovasculares.
En el relato de la historia, Bowman parecía contenta con ayudar a Malaspina, quien era el principal representante de Asuntos Científicos y Regulatorios de Coca Cola.
Para la periodista, en los correos electrónicos, Bowman hizo más que sólo responder a las preguntas de Malaspina.
Los correos electrónicos, que datan de 2015, Malaspina le escribe a Bowman, quejándose de que la OMS le daba la espalda al International Lifescience Institute (ILSI), controvertido grupo científico financiado por Coca Cola.
“¿Alguna idea de cómo podemos tener una conversación con la OMS?”, le escribe Malaspina. En ese correo incluye a altos ejecutivos de Coca Cola y de ILSI. Comentó también las consecuencias negativas que se podrán apreciar a nivel nacional, “La amenaza para nuestro negocio es serio”.
La periodista escribió, “Directamente le dice Bowman [a Malaspina] que los funcionarios de la OMS no quieren trabajar con la industria […] hay que hacer algo”.
Días después, Malaspina agradece “las muy buenas pistas” brindadas por Bowman.
ESO EN ESTADOS UNIDOS…
Para Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, el caso Bowman-Malaspina expone los problemas de conflicto de interés dentro de los organismos de salud pública del mundo y la interferencia en la política pública de estas grandes corporaciones.
“El ejemplo de esta funcionaria con más de 20 años de trabajar en el CDC, que es un organismo fundamental de salud pública en Estados Unidos, muestra cómo han penetrado y cómo está influyendo”, dijo en entrevista.
Referente al tema de la credibilidad de las políticas implementadas, agregó que afectará en gran medida, ya que al frente del CDC, está el doctor Tom Friden, reconocido internacionalmente por impulsar políticas en Nueva York, al frente del Departamento de Salud, contra el tabaco y las bebidas azucaradas.
“Él ha enfrentado a todos estos grandes poderes económicos. En la administración en la que él estuvo al frente del Departamento de Salud, aumentó la esperanza de vida de la población neoyorquina. ¡Ver que estaba con una esquirol contra la salud! Gente al servicio de ellos, pasando información, tratando de promover políticas que van contra los intereses de estas empresas”, declaró.
Lo que se requiere, agregó, es una “limpieza de conflicto de interés”. Tanto la OMS como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), han despedido elementos y han relegado al ILSI.
Este acto puso al desnudo el actuar de los grandes corporativos, que si lograron influenciar a instituciones estadounidenses, en otros países, como México, el poder que tienen es importante.
“Hay que decir que la mano derecha de cabildeo de Coca Cola es México. Aquí la empresa está sentada en la mesa de la Secretaría de Salud, del Observatorio Mexicano para Enfermedades No Transmisibles […] En el caso de México está asentado que Coca Cola influye”, afirmó.
“Es un escándalo más para Coca Cola. El año pasado, el periódico The New York Times sacó a la luz cómo Coca Cola financió una organización [Global Energy Balance] que se presentaba como organización científica independiente. Sostenían que el problema de la obesidad no se centraba en el consumo de esos productos, sino en un balance energético y en la promoción de la actividad física. Esa organización hoy ya no existe, pero significó una presión muy fuerte y el CEO de Coca Cola anunció que daría a conocer todos los financiamientos que estaban dando a asociaciones y profesionistas. Publicó la lista en Estados Unidos, pero no fue completa”, comentó.
El impuesto a las bebidas azucaradas, que en el país es una realidad desde hace más de dos años, es todavía un tema de debate entre la comunidad científica –que está a favor incluso de aumentarlo– y la propia industria, pero esa polémica se aviva a través de estudios pagados, de acuerdo con una denuncia del Comité Revisor del Estudio sobre el Impacto del Impuesto, elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública.
Estos estudios, emitidos por instituciones académicas, fueron presentados en el último año con diferentes enfoques pero centrados en demostrar que el impacto del impuesto de 1 peso por litro no ha tenido una repercusión positiva en la epidemia de obesidad que padece México. El argumento central es la tasa impositiva no ha logrado disminuir el consumo de bebidas gaseosas en gran medida y que, incluso, afectó el crecimiento económico del país por las pérdidas provocadas a la industria.
En México, el consumo per cápita de las bebidas carbonatadas es de 135 litros por persona. Está en los primeros lugares del mundo en obesidad en adultos, primer lugar en diabetes tipo 2 y el cuarto en obesidad infantil. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aquí se consumen en promedio unas 3.024 kilocalorías diarias, 1.024 por encima de las 2.000 recomendadas a nivel internacional para una ingesta diaria saludable.
“Antes las enfermedades las transmitían los mosquitos, pero ellos no tienen el poder económico ni los grupos de cabildeo de la gran industria que ahora es la que transmite enfermedades. Ellos evitan que se implementen las políticas que permitan enfrentar este tipo de problemas”, sostuvo Calvillo, citando a la doctora Margaret Chan, directora de la OMS.