El 80 por ciento de la población mexicana no está preparada económicamente para sobrevivir seis meses por una incapacidad laboral, reveló el estudio Brecha de Protección de Ingresos de Zurich Insurance Group.
“Los mexicanos tienden a subestimar los riesgos, sin embargo, en temas de salud, la situación es aún más preocupante puesto que un percance puede socavar las finanzas de un trabajador”, informó la aseguradora.
La brecha de protección de ingresos se refiere a la reducción monetaria que experimentan los trabajadores si en algún momento no pueden laborar debido a un impedimento o percance.
De acuerdo con el documento, una quinta parte de la población económicamente activa en México sólo podría sobrevivir un mes si perdiera su fuente de ingresos y únicamente el 20 por ciento de los trabajadores tiene ahorros para vivir más de seis meses.
Zurich destacó que en México la protección de los ingresos está limitada y cubre sólo a una minoría de la población trabajadora, a diferencia de países como España donde se podría sobrevivir 3.3 años con sus ahorros o Alemania que tendrían una reserva de capital para 6.8 años.
En el estudio, elaborado en conjunto con la Universidad de Oxford, participaron más de 11 mil personas de 11 países dentro de cuatro regiones geográficas: Europa continental, naciones miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de habla inglesa, Latinoamérica y el sur de Asia.
INCAPACITADOS, SIN SALARIOS DIGNOS Y SIN AHORROS
Al sufrir un accidente, el 54 por ciento de los mexicanos tuvo que utilizar sus propios ahorros para cubrir el déficit en sus ganancias. Foto: Cuartoscuro
El escenario para los trabajadores mexicanos se ha complicado desde hace 36 años. La falta de políticas públicas para fortalecer el poder adquisitivo y la inserción del país en la llamada globalización, han limitado a más de la mitad de la población a percibir un promedio de dos salarios mínimos, que en la mayoría de los casos no es suficiente ni para la compra de alimentos. Pensión y gustos personales, ya no son algo a lo que puedan aspirar los mexicanos.
Como varias investigaciones académicas, desde 2014 el Gobierno federal reportó también en su Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social que, “durante los últimos 36 años, el poder adquisitivo del salario mínimo acumuló una pérdida de 72.8 por ciento”; es decir, casi tres cuartas partes del valor que las ganancias de la población ocupada tenían a finales de los años 70.
Esta contracción, muestran diferentes análisis, frenó a su vez el crecimiento del resto de los ingresos y estacionó en dos salarios mínimos, o en 140 pesos actuales, el promedio máximo que gana el mayor porcentaje de la población empleada y que, junto con quienes ganan un salario mínimo, de acuerdo con el más reciente análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), suman el 42.2 de la población ocupada; es decir, unos 20.8 millones de mexicanos.
El mismo reporte muestra cómo cuando un trabajador o trabajadora gana sólo un salario mínimo, éste únicamente alcanza para la canasta básica alimentaria de dos personas, generando un faltante de casi un 350 por ciento para que, además de la comida, el ingreso sea suficiente para la adquisición de otros bienes básicos, como vestido, vivienda, mobiliario, salud, transporte, recreación y educación.
La incapacidad de estos ingresos para cubrir la necesidades básicas de los trabajadores en México viola el Artículo 123 de la Constitución, que ordena que los salarios mínimos deben “ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
De acuerdo con el estudio de Zurich, el 51 por ciento de los encuestados a nivel nacional reveló que ya han experimentado pérdidas de sus ingresos debido a la incapacidad de trabajar, mientras que tres de cada 10 mexicanos han vivido más de seis meses sin contar con un salario fijo.
Para Zurich, lo anterior representa una dificultad real y creciente para los individuos y las familias, pero también la responsabilidad recae para las empresas, los gobierno y la sociedad al influir directamente en el crecimiento económico a largo plazo ante una población que envejece.
Al sufrir un accidente, el 54 por ciento de los mexicanos tuvo que utilizar sus propios ahorros para cubrir el déficit en sus ganancias y 44 por ciento tuvo que apoyarse en su familia para solventar sus gastos, lo cual deja sus finanzas en una posición vulnerable.
A nivel global, el 38 por ciento de los encuestados cree tener menos del 10 por ciento de probabilidades de experimentar un incidente que ponga en riesgo sus ingresos a lo largo de su vida.
