La Policía de Uganda detuvo a 16 personas, la mayoría activistas LGTB, que se encontraban celebrando el Orgullo Gay en un local de la capital, donde muchos asistentes fueron golpeados y humillados por los agentes.
En un comunicado conjunto, varias organizadores de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch (HRW), denunciaron hoy estos incidentes que evidencian la violencia y la discriminación “sistemática” que sufre el colectivo de homosexuales, bisexuales y transexuales (LGTB) en el país africano, donde la homosexualidad se considera un delito.
Los hechos ocurrieron anoche, cuando los agentes entraron en el bar y retuvieron durante más de una hora al centenar de personas que se encontraban en su interior celebrando el Orgullo Gay.
Los testigos relataron que la Policía agredió a muchos de los participantes, en particular a las personas transgénero, y tomó fotografías con las que luego amenazó a los asistentes con hacerlas públicas, según el comunicado.
La tensión que se vivió en el local provocó que incluso una persona, que se encuentra hospitalizada de gravedad, saltara desde una ventana del sexto piso para evitar estos abusos.
Todos los detenidos fueron puestos en libertad sin cargos poco después, según HRW.
Por su parte, la Policía justificó su actuación y aseguró que fue informada de que se estaba celebrando una boda gay y que el acto era “ilegal”, ya que los agentes no habían sido informados del evento.
Esta versión fue desmentida por las organizaciones pro derechos humanos, que aseguraron que la Policía sí había sido informada de la celebración.
“Las autoridades de Uganda no sólo deben abstenerse de tratar de detener este tipo de actividades, sino que tienen la obligación legal de garantizar que otros no interfieran en este ejercicio fundamental de los derechos básicos”, afirmó la investigadora en África de HRW, Maria Burnett.
El presidente ugandés, Yoweri Museveni, que lleva 30 años en el poder, firmó en 2014 una ley que endurecía las penas contra la homosexualidad y que fue duramente criticada por la comunidad internacional.
El borrador -basado en un informe de catorce científicos que concluyeron que la homosexualidad es “una conducta social anormal”- proponía la pena de muerte como castigo más severo, aunque el texto final lo limitó a cadena perpetua.
El Tribunal Constitucional suspendió la ley porque había sido aprobada sin el quórum estipulado, pero el Ejecutivo ugandés ha reactivado los mecanismos parlamentarios para volver a tramitarla.
