La Audiencia Nacional española ordenó reabrir el caso Neymar para procesar al delantero brasileño, por estafa y corrupción en el precio del traspaso del jugador, por la demanda de la empresa DIS, que era propietaria del 40% de los derechos del futbolista cuando fue fichado por el Barcelona.
La causa también incluye a su padre, al expresidente del Barça, Sandro Rosell y al Santos, equipo del que procedía Neymar.
Las consecuencias de este fallo son que habrá juicio, los demandados rendirán declaración ante el juez y todos podrían recibir una pena de cárcel.
La sección cuarta de la Sala de lo Penal revocó en un auto la decisión del juez José de la Mata de archivar este caso en contra del criterio de la Fiscalía y le ordena reabrirlo para que dicte el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento en el sumario.
La Audiencia Nacional admite de este modo el recurso de la Fiscalía, al que se adhirió la Federacao Das Associacoes Dos Atletas Profissionales y la empresa DIS, contra la decisión de archivo de De la Mata, que consideró que las conductas denunciadas -los contratos de traspaso del jugador suscritos en 2011 y 2013-, si bien pueden tener “repercusiones deportivas, éticas y disciplinarias”, no encajan en un procedimiento penal.
Argumento con el que discrepan los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martell, por lo que ordenan a De la Mata a proseguir con el procedimiento ante la existencia de indicios de delitos de corrupción entre particulares y estafa impropia.
La Sala ha examinado en primer lugar dos contratos suscritos el 15 de noviembre y el 6 de diciembre de 2011 para conocer las condiciones de transferencia del jugador y ha concluido que hay indicios del delito de corrupción por cuanto “mediante la firma de los contratos se alteró el libre mercado del fichaje de futbolistas”.
A través del primer contrato el Barcelona se comprometió a pagar por el traspaso 40 millones y a abonar a Neymar un sueldo de 36.1 millones en 5 años, todo ello para 2014, año en el que el jugador dejaría de estar vinculado al Santos y DIS ya no tendría los derechos.
El segundo consistió en un falso contrato de préstamo por el que el Barça le pagaba 10 millones, pero, según considera el fiscal del caso, José Perals, se trataba en realidad de una remuneración anticipada para garantizar el fichaje.
El tribunal entiende que el Barça, representado por Rosell, se concertó con Neymar y con la sociedad familiar N&N, formada al 50% por sus padres, para asegurar el fichaje del jugador con un adelanto de 40 millones de euros, lo que, a juicio del fiscal, alteró el mercado de fichajes porque ante una oferta mejor para el Santos como una del Real Madrid de 36 millones, “el jugador se decantó (…) por otra vía no permitida en el ámbito de la FIFA”.
