Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión social, celebró la aprobación del Senado de la República en la modificación constitucional que establece la desaparición de Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Por otra parte, Edgar Elías Azar, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, garantizó la transición de los juicios laborales al Poder Judicial, como establece dicha reforma.
El también magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, manifestó el apoyo y disposición, así como las capacidades que los tribunales del país tienen para implementar con certeza y confianza el proceso de implementación de la reforma en materia de justicia laboral.
A través de un comunicado, la STPS detalla que los cambios a la Ley ponen el acento en la conciliación como solución de los conflictos laborales y establecen organismos especializados desconcentrados para tal efecto.
También se ratifica el derecho de huelga, así como el voto libre y secreto en la elección de liderazgos sindicales.
Desaparece Conciliación y Arbitraje
El pasado 13 de octubre, el pleno del Senado de la República aprobó una reforma constitucional en materia de justicia laboral que desaparece las juntas de conciliación y arbitraje, para en su lugar crear tribunales laborales que pertenecerán a los poderes judiciales federal y estatales.
De acuerdo con el dictamen, se transfiere la impartición de la justicia laboral -individual y colectiva- al ámbito del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas, que hasta hoy compete a las juntas Federal y locales de Conciliación y Arbitraje.
Las nuevas instancias se agruparán bajo la figura de “tribunales laborales”, que ampliarán las tareas de conciliación, en un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo.
A ese organismo le corresponderá además el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados en ese tema.
Además, crea un organismo federal descentralizado de conciliación, con autonomía de gestión y presupuestal, con facultades en el orden nacional para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.
