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Crónica del Poder

La Secretaría de Protección Civil (PC) entregó insumos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), enviados por el gobierno federal, a 40 municipios del estado de Veracruz en tan sólo esta semana.

En gira de trabajo por Amatlán de los Reyes, Naranjal, Coetzala, Omealca, Carrillo Puerto, Cuitláhuac, Yanga y Córdoba, se destacó que decenas de miles de familias fueron beneficiadas con ropa, calzado y blancos, con el fin de brindar un apoyo a la ciudadanía y sumarlo al Programa Preventivo ante la Temporada Invernal, para reducir riesgos en la población.

Durante estas labores en municipios de la zona montañosa central, se recalcó el arduo y coordinado trabajo efectuado por la dependencia estatal con los ayuntamientos, lo que permitió realizar estas entregas de manera rápida y más eficaz en tan sólo cinco días.

Ante cientos de asistentes, se reiteró que en Veracruz se ha migrado hacia una política preventiva en materia de protección civil, que se articula a través de la Estrategia Veracruzana para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Los representantes de la dependencia describieron las acciones emprendidas por la administración veracruzana para transformar la política basada en la preparación y la respuesta ante las emergencias y los desastres, a otra preventiva, que tiene como prioridad disminuir el peligro antes de que ocurran los fenómenos naturales.

“Esto nos ha permitido afrontar correctamente las emergencias que representaron las fuertes lluvias y el desbordamiento de ríos, y gracias al esfuerzo coordinado con las autoridades municipales y la participación ciudadana hemos tenido un saldo favorable”.

Asimismo, se explicó que entre las muchas acciones implementadas, destacan la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres, la Alerta Gris, los Atlas de Riesgos Digitalizados, los Mapas Comunitarios de Riesgos y la Red de Monitoreo Sísmico.

Acompañados por autoridades locales, subrayaron que el trabajo del Sistema Estatal de Protección Civil se sustenta en un genuino sentido de corresponsabilidad, para que las instituciones públicas, sociales y privadas sumen y orienten sus recursos y atribuciones hacia el propósito común de reducir el riesgo de desastres.