El Poder del Consumidor (EPC) denunció que Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propone conceder un amparo a la Compañía Embotelladora Del Fuerte, quien trabaja para Coca-Cola, que anularía las restricciones para alimentos chatarra y bebidas azucaradas en las instituciones de educación superior en México, donde los refrescos están prohibidos.
Lo anterior, a pesar de que hace un par de meses, el Gobierno de Enrique Peña Nieto, en un hecho inédito en la historia del país, emitió dos declaratorias de emergencia sanitaria por diabetes y obesidad, debido al grave problema de salud pública que representan estos padecimientos.
“En un país que se encuentra en una emergencia epidemiológica, en donde el 70 por ciento de la población sufre sobrepeso u obesidad, donde el sistema de Salud pública ya no puede enfrentar esta situación y específicamente cuando se sabe que el 70 por ciento de los azúcares añadidos consumidos por los mexicanos provienen de las bebidas azucaradas, el hecho de que la SCJN eche para atrás una regulación ya existente que limitaría la venta de estos productos en las universidades, únicamente estaría sirviendo a los intereses de las grandes empresas”, dijo Alejandro Calvillo Unna, director de la ONG.
Integrantes de la organización no gubernamental, en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), recordaron que existe evidencia de que el 70 por ciento del consumo de azúcar en la dieta de los mexicanos proviene precisamente de las bebidas azucaradas. Y recordaron el año pasado los fallecimientos por diabetes superaron los 96 mil, lo que puso a México con la mayor incidencia de muertes por esta enfermedad entre los megapaíses del mundo.
En medio de la declaración de emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes, la SCJN busca favorecer a la industria de bebidas azucaradas, acusó el Poder del Consumidor. Foto: SinEmbargo.
En medio de la declaración de emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes, la SCJN busca favorecer a la industria de bebidas azucaradas, acusó el Poder del Consumidor. Foto: SinEmbargo.
El Poder del Consumidor señaló que consumir sólo una lata de refresco al día es suficiente para aumentar el riesgo de padecer obesidad en un 60 por ciento, y diabetes en más de 20 por ciento.
El 16 mayo de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que la Secretaría de Educación Pública (SEP) prohibió la venta y distribución de alimentos y bebidas en los planteles educativos que no cumplan con los criterios nutrimentales adecuados, elaborados por la Secretaría de Salud.
Después, el ministro Fernando Franco González Salas respaldó la decisión de la SEP bajo el argumento de que el Estado mexicano está obligado constitucionalmente a salvaguardar la salud de los educandos y así prevenir y reducir los casos de obesidad y sobrepeso. Sin embargo, los ministros Javier Laynez, Eduardo Medina Mora, Margarita Luna Ramos y Alberto Gelacio Pérez Dayán desecharon el proyecto.
En 2016, la ministra Margarita Luna elaboró un dictamen en el que propuso amparar a la embotelladora, pues argumentó que los estudiantes de educación superior, al ser adultos, están en condiciones de decidir qué alimentos consumir.
Ante esta situación, Fiorella Espinosa, coordinadora de investigación de El Poder del Consumidor, acusó que el proyecto de la ministra “está plagado de afirmaciones insostenibles”, pues señala que los alimentos y bebidas altamente procesados no afectan la salud de las personas.
Con ello, dijo Espinosa, deja en claro que desconoce “el extenso y robusto sustento científico que prueba la asociación entre el consumo de productos ultraprocesados, en particular de bebidas azucaradas, con daños a la salud”.
La activista criticó que dicho proyecto establece que la obesidad debe combatirse por medio de la educación, con lo que se desecha también “la evidencia que demuestra que por encima de la educación son los entornos los que determinan los hábitos, desconociendo que los ambientes obesogénicos son la principal causa de estas epidemias de sobrepeso, obesidad y diabetes”.
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Otro de los argumentos expuestos por Luna Ramos fue que desincentivar el consumo de estos productos afectaría las finanzas de las empresas.
La moneda está en el aire y probablemente mañana la SCJN dicte sentencia. Por ello, El Poder del Consumidor alertó que de aprobar el proyecto de Luna Ramos, el Máximo Tribunal “contribuirá al mantenimiento del ambiente obesogénico en el país y a la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que ha sido decretada como emergencia epidemiológica, colapsando totalmente el sistema de salud del país”.
Julio Salazar, abogado de la organización, comentó que “el proyecto [de la Ministra] está poniendo los intereses económicos de ésta empresa por encima del derecho a la salud de las personas”
“Es bastante preocupante, especialmente porque estamos hablando del principal Tribunal, quien debería velar por los derechos de las personas”, reiteró.
En el mismo sentido, Alejandro Calvillo reprochó que la ministra Luna Ramos utilice argumentos difundidos internacionalmente por la industria de bebidas y alimentos para eximir su responsabilidad en el aumento de casos de sobrepeso, obesidad y diabetes a nivel global:
“El proyecto está redactado con los propios argumentos de la industria refresquera. […] Estamos pidiendo que la Sala de la SCJN reconozca el derecho a la salud, por encima del derecho que reclama una embotelladora de Coca-Cola a poder vender sus productos en las instituciones de Educación Superior”.
Calvillo citó datos de la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) de 2016 que revelan que el 36.9 por ciento de los adolescentes en México viven con sobrepeso u obesidad, y la cifra llega a 72.5 por ciento en la edad adulta. Los datos oficiales, dijo, indican “que se deben fortalecer las medidas en materia preventiva justamente en la edad universitaria”.
La organización aseguró que los jóvenes mexicanos tienen ya “hábitos deformados” desde edades tempranas y son únicamente los ambientes saludables los que podrán contribuir, junto con otras medidas, “a que se reduzcan estos consumos y no los transmitan a sus hijos de llegar a ser padres”.
