México es un país que en los próximos 13 años envejecerá de manera drástica: la población joven se irá reduciendo paulatinamente (8 por ciento), mientras que la adulta y adulta mayor explotarán (25 y 177 por ciento cada una), refieren datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El problema no es que la vejez nos alcance, sino que no habrá forma en que el Estado pueda resguardar a los millones de futuros ancianos que no pudieron prevenir su retiro laboral. Hoy, muchos jóvenes y adultos no ahorran, y no necesariamente por decisión propia, sino porque no existen las condiciones económicas adecuadas o la cultura para ello.
En nuestro país, el porcentaje del ahorro para el futuro está ligado al salario mínimo (80.4 pesos diarios). Desde 1997, se estableció en México un sistema de pensiones individual mediante el cual, de manera obligatoria por Ley, el trabajador aporta 1.125 por ciento de su salario; su empleador, 5.150 por ciento del sueldo del empleado; y el Estado da otro 0.225 por ciento, que en conjunto, acumulan el 6.5 por ciento del ahorro mensual del trabajador en una cuenta personal, las famosas Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
Este porcentaje de aportación, refiere la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), es de los más bajos de los 34 países que la conforman, indicó por medio de un comunicado. Por ello recomendó “aumentar gradualmente la tasa de contribución obligatoria […]. Este aumento podría ligarse a los aumentos salariales de tal forma que el trabajador no experimente una reducción en su salario disponible”.
El salario mínimo en México es de 80.4 pesos diarios, y debido a que el porcentaje de aportaciones obligatorias (del 6.5 por ciento) a los fondos para el retiro es muy bajo, las pensiones de muchos no superarán el 30 por ciento del salario cotizado por los trabajadores, comentó a SinEmbargo Alexander Galicia, académico del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana. Por ejemplo, de esos 80 pesos de sueldo que percibe el trabajador, 24 pesos los tendría que destinar al ahorro para el retiro. La diferencia entre el ahorro y el salario, lo que finalmente percibiría el trabajador para su gasto corriente, sería de 56 pesos diarios. Mensualmente equivaldría a un salario de mil 680 pesos y anualmente a uno de 20 mil 160 pesos. Galicia dijo que el problema sigue siendo el bajo nivel de salarios mínimos que hace que el ahorro sea “nulo”. El académico destacó que si se elevaran los sueldos se podría mejorar el sistema de ahorro.
La “línea de bienestar” en México, es decir, la que incluye la canasta alimentaria y otros bienes básicos como transporte, salud, vivienda, entre otros, se encuentra por encima de los mil 600 pesos para el área rural y por encima de los 2 mil 500 pesos en áreas urbanas.
“Lo ideal sería que se ahorrara como en las empresas, [donde] el 50 por ciento de las ganancias se destina a reinvertirse en el proceso productivo [y] el 50 por ciento se destina al autoconsumo”, ejemplificó.
Hoy en día, el Gobierno federal destina cerca del 3.2 por ciento (814.9 mil millones de pesos) del Producto Interno Bruto (PIB) para pagar las pensiones contributivas (de trabajos formales) de 5.4 millones de personas, además de un 0.20 por ciento (46.1 mil millones de pesos) para cubrir las pensiones no contributivas (de gente que no cotizó formalmente), señala el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017.
Hasta allí llega la capacidad del gobierno y ya no le alcanza para más.
En ese sentido, la situación se torna crítica, ya que para el año 2030 el gasto en pensiones ascenderá a cerca del 6 por ciento del PIB. Lo anterior si consideramos que la población de personas de 65 a 85 y más años comprenderá el 16.8 por ciento (21.3 millones de personas) de la tasa demográfica mexicana, más del doble del 8 por ciento (9.5 millones) actual, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) y del Inegi.
“Los rápidos y significativos cambios demográficos [en México], el largo periodo de transición de las reformas y los numerosos esquemas de pensiones que no se han reformado todavía, pueden provocar una fuerte presión fiscal durante un largo periodo, lo que puede requerir un gran esfuerzo financiero a partir de mediados de la década de 2030”, advierte la OCDE.
Hoy en día, la edad mediana de la población en México es de 27.3 años; en una década será de 30.7; para el 2050 será de 38.1 años; y para el año 2100, la mayor parte de la población tendrá 45 años, estiman las proyecciones de envejecimiento demográfico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Hasta este año, poco más de 52 millones de personas componen la Población Económicamente Activa (PEA) que sí trabaja, indica el Inegi.
De esa población, 29.9 millones (el 57.2 por ciento de la PEA) pertenecen al sector informal y carecen de seguridad social, refiere la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). De los cerca de 25 millones de trabajadores formales, sólo 17.8 millones (el 33 por ciento de la PEA), que empezaron su vida laboral en 1997, cotizan en alguna Institución de Seguridad Social obligatoria –IMSS, ISSSTE, ISSFAM, Pemex, CFE, regímenes estatales y municipales–, señaló el Principal Financial Group México.
Además, hay 2.9 millones de personas que obtuvieron “cobertura de seguridad social” (asistencia médica, seguros, pensión, entre otros servicios) a través de instituciones privadas y “otras instituciones públicas”, según el informe más reciente (2013) de “Indicadores sobre Seguridad Social en México” del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados
Alexander Galicia explicó que, entre las soluciones para evitar que el sistema actual de pensiones colapse, está el “incorporar a los trabajadores informales al sistema hacendario para hacer las retenciones de impuestos para el retiro”. De lo contrario, alertó, “para el 2050 las pérdidas para el sistema de pensiones [en México] serán de aproximadamente 33 por ciento respecto del Producto Interno Bruto”.
“La crisis impactaría primero [y] de forma inmediata a aquellos trabajadores que no estén inscritos en un instituto de Seguriad Social y que no perciben un salario fijo mensualmente. Ellos son la población que tendría mayores consecuencias en el futuro”, explicó Galicia.
No sólo basta con formalizar a los millones de mexicanos que se benefician de la economía informal; tampoco basta con mejorar el salario mínimo -cerca de 24 millones de la PEA ganan entre uno y dos salarios mínimos, arroja el Inegi-. También es menester el gobierno aplique políticas que incentiven el ahorro voluntario; que implemente “políticas más sólidas” basadas en la tasa de crecimiento de la población y de la economía, además de que fortalezca el sistema de ahorro para el retiro.
“México debería estar pensando en una política de Pensión Mínima Garantizada para esta población [de entre 60 y 65 años de edad] que va creciendo y que para el 2021 va a contribuir a cerca del 60 por ciento de la población y que va a estar solicitando el pago de su pensión”, refirió el académico de la Ibero.
La Pensión Mínima Garantizada contempla un salario mínimo vitalicio que satisfaga la “línea de bienestar”, basado en los ingresos del trabajador y en un determinado tiempo de empleo. La finalidad de este sistema es la de proteger a los individuos de bajo ingreso de caer en la pobreza. Sin embargo, dicho modelo implica una mayor erogación por parte del gobierno.
Alexander Galicia también comentó que se requiere contar con un “control más rígido para el sistema de aportaciones de la Población Económicamente Activa en el sector formal” y evitar que el gobierno “ceda o deje a la iniciativa privada la administración de las pensiones”, no sólo por el riesgo de corrupción, sino también “porque se deja desprotegido [al trabajador], en el sentido de que [el sistema de retiro y pensiones] ya no es una responsabilidad del gobierno hacia su población”.
En el año 2021, la primera generación de trabajadores que cotizó bajo el régimen de las Afores (a partir de 1997), es decir, personas que para entonces tendrán 65 años de edad, comenzará a jubilarse. Debido a que las aportaciones obligatorias son muy bajas (6.5 por ciento) -hay que repetirlo-, y debido a que no muchos pueden o pudieron hacer aportaciones voluntarias para enriquecer su patrimonio futuro, lo más probable es que varios millones de trabajadores de esta generación perciban menos de la tercera parte de lo que ganaban cuando trabajaban, quedando así por debajo de la “línea de bienestar”.
Para la OCDE, una pensión adecuada debería equivaler al 70 por ciento del último sueldo, y las aportaciones obligatorias deberían oscilar en lo mínimo entre el 12 y 18 por ciento, es decir, entre el doble y el triple de las contribuciones actuales en México.
EN MÉXICO NO HAY CULTURA DEL AHORRO
El 88 por ciento de la población mexicana de entre 20 y 30 años (de la generación de los “Millenials”) dice conocer lo que es una Afore, refiere la Encuesta Nacional denominada “¿Qué piensan los Millennials mexicanos del ahorro para el retiro?”, realizada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Asimismo, el sondeo arrojó que sólo 1 de cada 5 Millenials consideró al ahorro como un mecanismo para mejorar su retiro. La mayor parte lo percibió como un medio para enfrentar emergencias o adquirir bienes inmuebles. Además, el 64 por ciento de los encuestados “no acostumbra a llevar algún tipo de registro de sus ingresos y gastos”.
“El problema principal que se tiene [en México] es que no hay una cultura [del ahorro] establecida”, aseveró Alexander Galicia, académico de la Ibero. En su opinión, hace falta que las instituciones de gobierno y las instituciones educativas (de nivel medio y superior) eduquen a las personas acerca de “cómo pueden ahorrar para el futuro”.
“La falta de cultura se debe a la falta de información […]. Una parte fundamental es la educación y debería implementarse desde el bachillerato hasta la universidad”, detalló.
Según la Consar, aunque la mayor parte de los Millennials (57 por ciento) consideró que las Afores son prestaciones importantes, y pese a que el 53 por ciento de ellos aseguró preferir contar con alguna prestación aunque ello implique sacrificar parte de su salario, aún, un amplio 40 por ciento dijo preferir contar con un mayor “sueldo líquido” a costa de renunciar a sus prestaciones. Además, de recibir una “importante cantidad de dinero”, el 59 por ciento dijo que preferiría invertirlo, mientras que el 38 por ciento lo ahorraría.
La mayor parte de esta población afirmó estar consciente de las implicaciones a futuro del ahorro para su vejez. Empero, 7 de cada 10 consideraron que recibir la tercera parte de su salario actual sería “insuficiente”. Además, el 66 por ciento consideró que a fin de cuentas el ahorro acumulado en sus respectivas Afores no alcanzará para sostenerlos durante su vejez.
