El gobierno del presidente Donald Trump anunció hoy el enjuiciamiento de inmigrantes que reingresen de manera indocumentada a Estados Unidos, cometan fraude o sean miembros de pandillas, de redes de contrabando de personas o cárteles de tráfico de drogas.
El procurador general Jeff Sessions señaló asimismo que todos los adultos indocumentados que sean detenidos en la frontera no serán liberados y se dará prioridad al procesamiento judicial de aquellos que agredan a agentes federales durante el cumplimiento de su deber.
“A quienes continúen buscando entrar de manera impropia e irregular a este país, les advierto, esta es una nueva era, esta es la era Trump. Se acabaron la ilegalidad y la abdicación del deber de cumplir la ley, y las políticas de detención y liberación del pasado”, dijo en Nogales, Arizona.
Las nuevas prioridades de cumplimiento de la ley de la administración Trump incluirán acciones legales contra quienes transporten o refugien a inmigrantes indocumentados y especialmente contra quienes reingresen al país tras haber sido deportados.
Bajo las nuevas directrices, los inmigrantes indocumentados que reingresen serán acusados de una felonía o delito mayor -hasta ahora era una violación administrativa-, mientras que aquellos que reingresen después de una remoción previa, serán enjuiciados por un delito grave.
“Se dará prioridad a las ofensas cuando existan pandillas, cárteles de las drogas o riesgo a la seguridad pública, contrabando de personas o antecedentes criminales”, manifestó en el marco de una gira por la frontera suroeste de Estados Unidos.
De la misma forma, el Departamento de Justicia iniciará procesos judiciales contra los inmigrantes indocumentados que cometan fraude con documentos, lo cual será considerado como un “robo agravado”, con una sentencia mínima obligatoria de dos años de prisión.
Sessions dijo haber instruido a las 94 fiscalías federales de Estados Unidos a convertir en una prioridad judicial los incidentes de agresión contra agentes federales.
“Si alguien se atreve a agredir a uno de nuestros agentes durante el cumplimiento de su deber, pagará con prisión federal… los contrabandistas y traficantes de drogas deben saber que no toleraremos ningún ataque contra nuestros agentes federales”, expresó.
El procurador apuntó en ese sentido que el gobierno federal buscará bloquear el ingreso de drogas a Estados Unidos, al igual que a la salida de dinero en efectivo.
Para apoyar su misión, el Departamento de Justicia anunció el despliegue de 25 jueces migratorios a centros de detención en la frontera y la contratación de 50 jueces adicionales este año y 75 más en 2018, a fin de reducir el “rezago significativo” de casos pendientes, precisó Sessions.
“No podemos darnos el lujo de esperar 18 a 24 meses para que trabajen estos jueces”, indicó.
Al respecto dijo que se implementará un plan más eficiente de contratación que exige el mismo nivel de escrutinio que antes de las capacidades legales de los jueces, pero reduce el tiempo de contratación. “Debemos de reducir el rezago en nuestras cortes de inmigración”, insistió.
Durante su mensaje, el procurador general recordó el caso de la estadunidense Kate Steinle, asesinada por el indocumentado mexicano Francisco Sánchez en San Francisco en 2015.
“Vamos a hacer lo posible para prevenir esas tragedias en el futuro”, declaró Sessions.
