Los Comités de Cuenca de Sonora (CCRS) aseguraron que interpusieron demandas en contra de la Secretaría de Salud, el ISSSTESON y el IMSS, debido a que no han atendido oportunamente a las personas afectadas por el derrame de tóxicos de la minera Buenavista del Cobre en el Río Sonora, ocurrido en 2014.
Representantes de los CCRS dijeron que los pozos de Sinoquipe y La Labor resultaron contaminados con arsénico y manganeso y que son más alrededor de 762 las personas con desechos tóxicos en sangre y orina que no han sido debidamente atendidas.
Dichas instituciones de salud, acusaron, han incumplido con el compromiso de monitorear a las personas afectadas y revisarlas cada 15 días, como se acordó tras el derrame, ocurrido el 6 de agosto de 2014.
Está sentencia echa por tierra el discurso oficial del gobierno y de la empresa Grupo México (propietaria de la mina), según el cual ya no existe contaminación en el Río Sonora”, aseguró el abogado de los CCRS, Luis Miguel Cano, en conferencia de prensa, en la Ciudad de México.
«Es preocupante porque este discurso ha favorecido que en los últimos dos años se instalen bebederos en las escuelas públicas de nivel básico para los estudiantes, con agua que proviene del Río Sonora, sin tratamiento de potabilización que separe los metales pesados».
El representante del Comité de Cuenca de Sonora Aconchi, Ramón Miranda, denunció que, sumado a la falta de atención médica para las 27 comunidades de los siete municipios dañados, a los pacientes que se atienden se obliga a no revelar que fueron afectados por los tóxicos.
La gente tiene temor y miedo de decir, porque los hacen firmar un pacto de confiabilidad de que si salen con metales en la sangre no lo deben comentar. Entonces la información se está ocultando», acusó.
Los representantes de los comités denunciaron que la gobernadora sonorense, Claudia Pavlovich, redujo el número de plantas potabilizadora de 36 a nueve, lo que supone un riesgo para la población, que por necesidad tiene que consumir agua del río contaminado.
