Los 17 países de América y el Caribe reunidos hoy en Lima para tratar la situación de Venezuela reafirmaron su opinión común de que esa nación «ya no es una democracia» y que «los actos que emanen» de su Asamblea Constituyente «son ilegítimos».
Esas fueron dos de las conclusiones expresadas en la denominada declaración de Lima, difundida por los cancilleres nada más terminar la reunión que mantuvieron a lo largo de todo el día de hoy y que incluyó el reconocimiento de la Asamblea Nacional como único órgano legítimamente elegido en Venezuela, el rechazo a la violencia y una condena a la violación de los derechos humanos cometidos en el país.
La declaración fue presentada por el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ricardo Luna, quien no dudó en afirmar ante los medios presentes que «lo ocurrido en Venezuela» en los últimos días «es un quiebre decisivo» en la situación política y que «lo que tenemos ahora es que Venezuela es una dictadura».
Básicamente la declaración es un acuerdo sobre el hecho de que en Venezuela se ha roto el orden democrático, y restablecer ese orden, pasa por revertir la Asamblea Constituyente», afirmó Luna.
La Declaración de Lima, en su «pleno respaldo y solidaridad» con la Asamblea Nacional «democráticamente electa», señaló que todos los actos jurídicos que conforme a la Constitución venezolana vigente «requieran autorización» de la misma, sólo serán reconocidos cuando dicha Asamblea «los haya aprobado».
Además, también expresó «su apoyo y solidaridad con la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y los integrantes del Ministerio Público de Venezuela» que fueron destituidos por la Constituyente y exigió la «aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos».
Los cancilleres también condenaron «la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión, y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente».
El documento también resaltó que en Venezuela no se cumplen los «requisitos y obligaciones» de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y respaldaron la decisión de «continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela».
También se apoyó explícitamente al Mercosur por su decisión de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia.
Junto a esto, los cancilleres solicitaron suspender cualquier transferencia de armas a Venezuela mientras continúe esta situación en el país.
También pidieron a la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y a la Unión Europea (UE) suspender la cumbre prevista entre ambas organizaciones para octubre de 2017 hasta que se solucione esta crisis.
En su último punto, la Declaración de Lima subrayó su apoyo «de manera urgente» a «todo esfuerzo de negociación creíble que y de buena fe» cuente con «el consenso de las partes» enfrentadas en Venezuela y que esté «orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país».
En Venezuela se registra desde el 1 de abril una serie de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, que dejan 121 muertos, situación que se agudizó desde la instalación de la Asamblea Constituyente el pasado viernes, que no es reconocida por la oposición y varios Gobiernos y organismos internacionales.
A esa crisis se sumó la sublevación el pasado domingo de unos veinte hombres vestidos de militares y portando armas largas que dejó tres muertos y ocho detenidos.
