Un juez federal brasileño suspendió hoy de forma inmediata todos los efectos del polémico decreto publicado la víspera por el Gobierno y que permitía a empresas mineras explotar una gigantesca reserva en la Amazonía, informaron fuentes oficiales.
El decreto que extinguió la Renca, una reserva amazónica de más de 47 mil kilómetros cuadrados -una superficie mayor que Dinamarca-, permitía que empresas privadas explotaran minerales en el área, algo reservado hasta ahora al Estado, y desató fuertes críticas de las organizaciones ecologistas.
En la petición de tutela en que solicitó la suspensión del decreto, el Ministerio Público sostuvo que la medida era inconstitucional debido a que la extinción de una reserva es potestad del Congreso.
Igualmente alegó que el decreto violaba el derecho de los indios que habitan en la región a ser consultados previamente sobre cualquier medida que afecte sus territorios y que pondría en peligro grandes extensiones de selva virgen en la Amazonía.
El juez que suspendió el decreto aceptó los alegatos y dijo que la extinción de la reserva tendría que ser aprobada por el Congreso.
De acuerdo con el magistrado, la Constitución de 1989 determina que las alteraciones en el uso de los recursos de las reservas en la Amazonía solo pueden hacerse mediante leyes aprobadas en el Legislativo y no con simples decretos ejecutivos.
La Abogacía General de la Unión (AGU), que representa al Gobierno, informó que presentará un recurso contra la decisión judicial ante el Tribunal Regional Federal de la Primera Región, de segunda instancia y que tiene sede en Brasilia.
RECHAZO GENERALIZADO
Pese a que la reserva ya preveía actividades minerales en esa región de la Amazonía rica en oro y cobre, la decisión del Gobierno generó un rechazo generalizado debido al temor del grave impacto social y ambiental que el ingreso de empresas mineras tendría en un área que también abarca tres unidades de conservación, tres reservas ambientales y dos reservas indígenas.
Las reservas indígenas y ambientales equivalen a cerca del 69 % del área total de la Renca, creada en 1984, durante la dictadura militar, para proteger yacimientos minerales en un área de los estados amazónicos de Amapá y Pará.
La decisión generó una gran polémica; fue criticada por organizaciones no gubernamentales como WWF y Greenpeace, y provocó una campaña en las redes sociales, secundada por varias celebridades, para exigir al Gobierno un paso atrás.
En solo tres días de campaña, la organización de defensa de la Amazonía Avaaz reunió casi 600 mil firmas en una petición ciudadana dirigida al Gobierno para que «Impida que la Amazonía se convierta en un desierto».
Las críticas obligaron al Gobierno a suspender el decreto original y a publicar el martes uno nuevo en el que matizó que las actividades minerales quedarían estrictamente prohibidas «en las áreas de la extinta Renca que estén superpuestas con unidades de conservación de la naturaleza o con tierras indígenas».
La aclaración, sin embargo, no detuvo las críticas de las organizaciones ecologistas.
Nada cambia. El nuevo decreto tan solo citas medidas de protección ambiental que ya eran obligaciones del Gobierno», dijo el director de Campañas de Greenpeace en Brasil, Nilo D’Avila.
