Un grupo de cinco inmigrantes que solicitaron refugio a Estados Unidos interpuso una demanda contra la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), por mantenerlos retenidos en prisiones, donde han permanecidos algunos hasta por 20 meses.
Los cinco demandantes, sostienen que fueron encarcelados sin el debido proceso, debido a las políticas de facto destinadas a disuadir a las víctimas de persecución de buscar asilo político en Estados Unidos.
Los demandantes, cuya edad promedio es de 28 años, provienen de Guatemala, Honduras, Ghana, Sierra Leona y Guinea. Todos están encarcelados en centros de detención del ICE en Texas, incluyendo tres en el Centro de Detención de Port Isabel, uno en Laredo y uno en Pearsall.
El que más tiempo ha permanecido retenido es Sadat Ibrahim, de 31 años, de Ghana, quien ha estado encarcelado durante 20 meses.
Estados Unidos, forma parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, bajo la cual las diversas naciones se comprometen a establecer medidas para proporcionar un refugio seguro a las personas que huyen de amenazas inminentes en sus países de origen.
Bajo la Ley de Refugiados de 1980 de Estados Unidos, las personas que huyen de la persecución pueden solicitar asilo en un puerto de entrada y deben ser remitidas inmediatamente a un funcionario de asilo para una entrevista preliminar creíble.
Los cinco demandantes sostienen que se estableció que tenían un miedo creíble de persecución, pero que aun así fueron encarcelados de todos modos.
Los demandantes, representados por abogados del grupo de defensa legal Texas Rio Grande Legal Aid, sostienen que los funcionarios del ICE “tienen la intención de que sus acciones sirvan de disuasión a los solicitantes de asilo forzándolos a soportar la detención prolongada o arriesgar los graves peligros involucrados en las entradas ilegales».
«Este error judicial se produce a pesar de la política de la agencia oficial que favorece la concesión de la libertad condicional en Estados Unidos para los solicitantes de asilo que no representan un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad. La puesta en libertad de esas personas se considera de interés público», señala la demanda.
En 2009, el ICE emitió una directiva instruyendo a sus agentes a conceder la libertad condicional a cualquier solicitante de asilo que estableció su identidad y no representó un riesgo de fugas o peligro para la comunidad.
Después de una oleada de inmigración en la frontera mexicana en 2014, debido en parte a la creciente violencia en Centroamérica, el ICE amplió rápidamente su capacidad carcelaria y mantuvo detenidas a más personas, particularmente madres con hijos y niños no acompañados. El propósito era disuadir a otros de venir, según la demanda presentada esta semana.
De acuerdo con la organización de derechos humanos Human Rights First, el 80 por ciento de los solicitantes de asilo que aprobaron sus entrevistas de miedo creíble fue puesto en libertad condicional en 2012. En 2015, el número se redujo al 47 por ciento.
