La policía española usó excesiva fuerza contra manifestantes en Cataluña durante el referendo celebrado el pasado 1 de octubre, utilizando macanas contra personas que se resistían pasivamente y causando múltiples heridas, apuntó Human Rights Watch (HRW).
En un informe difundido este jueves, el organismo de defensa de los derechos humanos destacó que tras recibir varias denuncias de uso injustificado de la fuerza por parte de la policía, llevó a cabo investigaciones en el terreno después de la votación a fin de documentar incidentes específicos.
HRW habló con víctimas y testigos y revisó pruebas fotográficas y médicas, así como imágenes de vídeo, de la ciudad de Girona y de dos municipios de las provincias de Girona y Barcelona.
“Nuestra detallada investigación de tres casos encontró que los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil utilizaron la fuerza de manera excesiva el 1 de octubre en Cataluña”, dijo Kartik Raj, investigador de Europa Occidental de HRW.
Raj añadió que es posible que “la policía tuviera a la ley de su parte para ejecutar una orden judicial, pero eso no le daba derecho para usar la violencia contra manifestantes pacíficos”.
A pesar de ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional de España, el referendo de Cataluña se celebró el 1 de octubre.
En toda la región, las dos fuerzas policiales enviadas por el gobierno central, junto con los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica de Cataluña, trataron de ejecutar una orden judicial para impedir la celebración del referendo pero que también les obligaba a garantizar “la convivencia constitucional”.
Las autoridades se enfrentaron en gran medida a manifestantes pacíficos, aunque hubo incidentes en los que algunos respondieron a las fuerzas nacionales con violencia.
Cientos de manifestantes resultaron heridos, algunos de gravedad. El 2 de octubre el Departamento de Salud de Cataluña estimó que 893 personas habían reportado lesiones a las autoridades.
El Ministerio del Interior de España dijo el 1 de octubre que 19 policías nacionales y 14 guardias civiles habían requerido atención médica inmediata y que fueron “innumerables los agentes” que habían sido heridos.
Tras el referéndum, HRW documentó el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos por parte de la Guardia Civil o la policía nacional en una escuela primaria de Girona usada como centro de votación, y en los municipios de Aiguaviva (provincia de Girona) y Fonollosa (en Barcelona).
Las autoridades han insistido en que actuaron “prudente, apropiada y proporcionadamente, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de todos los ciudadanos”, y que las acciones “no estuvieron dirigidas contra los ciudadanos y sus ideas”.
Sin embargo, el 6 de octubre, el delegado del gobierno en Cataluña expresó pesar y pidió disculpas por las agresiones policiales durante una entrevista televisada.
“El gobierno español tiene la obligación de garantizar una investigación efectiva sobre las denuncias del uso excesivo de la fuerza, incluidos los graves incidentes documentados por HRW”, estableció el organismo.
Dada la tensión actual entre las autoridades centrales y regionales y las preguntas complejas de jurisdicción, España debería considerar solicitar la asistencia de un organismo internacional independiente, precisó HRW.
Hasta el 8 de octubre, 23 juzgados de Cataluña estaban examinando denuncias por mala conducta policial, uno de los cuales investigaba denuncias presentadas por 36 personas en relación a 17 lugares en Barcelona.
