La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso una multa de 376 mil 824 pesos a la empresa Servicios Integrales Coma, que en 2014 ganó una licitación pero no se presentó a la firma del contrato correspondiente.
A través de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, la dependencia federal determinó la multa por presunta infracción al Artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por la falta de firma del contrato, por causas imputables a la empresa.
La licitación convocada por el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) fue para la contratación de vigilancia externa para sus instalaciones, y la empresa sancionada resultó adjudicada; se le fijó como plazo el 28 de febrero de 2014 para firmar el contrato.
Debido a que esto no sucedió, se inició el procedimiento administrativo de sanción, por presunta infracción al Artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la sanción fue notificada por edictos, ya que la empresa sancionada no pudo ser localizada en los domicilios obtenidos con motivo de la investigación.
Al incumplir su obligación de formalizar el contrato, la empresa vulneró el principio de eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos, previsto en el Artículo 134 constitucional, debido a que no se lograron las mejores condiciones de contratación para el Estado, en cuanto precio, calidad, financiamiento y oportunidad, detalló en un comunicado.
La conducta omisa de la infractora vulneró el principio de eficiencia, y el estricto apego a la norma, ya que de acuerdo con el penúltimo párrafo del Artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, la convocatoria a la licitación, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.
En ese contexto, la empresa adquirió derechos y obligaciones, entre ellas, observar lo dispuesto en la convocatoria de la licitación aludida, así como en el acta de fallo.
La Secretaría de la Función Pública consideró necesario suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones en materia de contratación pública, además de prevenir e inhibir la proliferación de infracciones como la señalada.
