Los usuarios están conscientes y tolerantes en pagar el servicio de taxi de 20 a 25 pesos, pero que se les garantice un traslado seguro, que tenga la seguridad de que llegará a su destino, eso es lo que está pidiendo la ciudadanía, aseguró Víctor Herminio González Rivera, delegado de la Sección 24 del Sindicato Nacional de la Industria Automovilística, Autotransporte, Similares y Conexos de la República Mexicana-COEM.
Entrevistado momento antes de iniciar una marcha para arribar a la sede donde se efectuaría el Primer Congreso Nacional de esta organización de transportistas, efectuada en esta capital, expresó que al usuario no le interesa pagar una tarifa determinada, sino pagar por un buen servicio.
En ese tenor, dijo que desde hace 16 años no ha habido un incremento oficial de las tarifas del servicio de taxi, de ahí que como organización ya se hizo la petición formal al gobierno estatal para que se autoriza una nueva o se realice una adecuación.
Explicó que el incremento a los combustibles e insumos les está pegando fuertemente a este sector, sin embargo, la ciudadanía ha sido muy consciente y tolerante para pagar los costos que actualmente se cobrar por brindar el servicio, para lo cual el gremio del volante hace todo lo posible para mejorar sus unidades.
Por cuanto hace al programa de Regularización del Transporte es bueno, dijo que este adolece de muchos obstáculos que deben sortear los concesionarios y permisionarios para incorporarse a él, como es el caso de mucha tramitología, burocracia y lentitud, que ha derivado en que a la fecha no se pueda concluir.
Expresó desde que inició el programa “ha habido muchas desinformaciones que ha ocasionado serios problemas que afectan directamente a los agremiados”.
Admitió que el programa en si “es muy bueno”, desde que inició con el empadronamiento hasta su conclusión, sin embargo, admitió que todo este procesos, desde el empadronamiento, el antidoping, la revista y la modificación del vehículo, así como la rotulación del mismo, que suma un total de 5 mil pesos aproximadamente.
De la propuesta de instalar videocámaras en el interior de la unidad vehicular, señaló que en lo personal y como padre de familia “yo si lo voy a aceptar, por cuestión de seguridad, porque es seguridad para todos, pero que no sea una imposición, porque nosotros estamos dispuestos al diálogo, por lo que necesitamos el apoyo del gobierno del estado”.
Insistió en la necesidad de que el gobierno estatal los apoye en la adquisición de las videocámaras, que la gran mayoría de los trabajadores del volante no podrán adquirirlas e instalarlas por la falta de recursos, de ahí la insistencia de que se les apoye, como lo hizo el ayuntamiento de Xalapa para instalar estos equipos en las colonias de la periferia.
Dijo que no hay un plazo fatal para instalar estos equipos, pero se está en negociaciones con las instancias gubernamentales correspondientes.
