Al menos 20 ciudades y tres estados que adoptaron políticas «santuario» podrían ser obligados a comprobar con documentos que han colaborado con autoridades migratorias, o de lo contrario tendrán que devolver fondos federales que recibieron en 2016.
El Departamento de Justicia dio a conocer este día que solicitó la entrega de estos documentos, en respuesta a sus preocupaciones de que tales políticas podrían constituir una violación de leyes federales que promueven el intercambio de información sobre la aplicación de las leyes de migración.
La acción escaló la batalla legal entre la administración Trump y las ciudades y gobiernos estatales que han adoptado políticas «santuario», como resultado de las cuales se han rehusado colaborar con las autoridades federales en la captura y deportación de inmigrantes indocumentados.
El Procurador General, Jeff Sessions dijo que hacía un nuevo llamado a estos gobiernos a reconsiderar políticas “que colocan la seguridad de sus comunidades y sus residentes en riesgo. Proteger criminales extranjeros de las autoridades federales de inmigración desafía el sentido común y socava el estado de derecho”.
“Hemos visto demasiados ejemplos de la amenaza a la seguridad pública que representan las jurisdicciones que obstaculizan activamente la aplicación de la ley de inmigración del gobierno federal, ya basta”, dijo en una declaración por escrito.
La lista de ciudades objeto de este requerimiento incluye entre otras a Chicago, Nueva York, Albany, Los Ángeles, Sacramento, San Francisco, Burlington, Denver, Monterrey, Palm Beach; los condados de Sonoma, Cook, Bernalillo y los estados de California, Illinois y Oregon.
La dependencia advirtió que el incumplimiento de este requerimiento podría llevar a solicitar a estos gobiernos la devolución de los fondos federales que recibieron en 2016 y requerir condiciones adicionales para recibir los correspondientes a 2017.
La administración Trump recurrió a este nuevo amago a pesar de que en noviembre pasado un juez federal bloqueó de forma permanente la orden ejecutiva del presidente para aplicar sanciones contra las llamadas «ciudades santuario».
El juez del Tribunal de Distrito en San Francisco, William Orrick, emitió el fallo en respuesta a demandas de los condados de San Francisco y Santa Clara, California, indicando que el gobierno federal no puede establecer nuevas condiciones sobre el gasto aprobado por el Congreso.
Más de 300 ciudades, condados y estados a través del país han adoptado políticas «santuario», limitando con ello la cooperación de sus agencias policíacas con las agencias federales de migración para detener y deportar a los inmigrantes indocumentados.
