Los integrantes de la anterior Comisión de Hacienda se encuentran en una delicada situación ante la proximidad de los resultados de la segunda fase de comprobación de la Cuenta Pública 2016, pues de no lograr solventar las observaciones, caerán en la tercera fase en la que ya se habla de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones a los servidores públicos o personas responsables.
Será a través de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado como se determina si por los resultado generados en los informes que le entrega el ORFIS de las auditorías realizadas son suficientes para la emisión del “Dictamen Legislativo” y así poder iniciar esta última etapa contra aquellos servidores que no hayan podido solventar lo que se pedía en los pliegos de observaciones.
Durante la próxima semana se revelará si Agua Dulce logró solventar las observaciones interpuestas que arrojaron un presunto daño patrimonial por 6 millones 247 mil 534 pesos para el año 2016, en la administración de Daniel Martínez González.
Como se recordará, la gestión 2014–2017 resultó con observaciones tres años consecutivos desde su primer años de labores, pero en el 2015 alcanzó la etapa de fincamiento de responsabilidades, en donde se determinó que existía daño patrimonial entonces por 5.6 millones de pesos.
Para poder evitar la denuncia penal, los servidores públicos debieron devolver esa cantidad al erario, acción que según realizaron, pero jamás se transparentó. No obstante, si en la actualidad vuelven a llegar a esta última etapa, deberán devolver el dinero a la administración actual o, de lo contrario, enfrentar las consecuencias legales.
Será en el transcurso de los próximos días cuando se emita el informe correspondiente y se dé a conocer el estatus que guarda el municipio de Agua Dulce, que ha destacado en los últimos años a nivel estatal por aparecer con una gran cantidad de observaciones técnicas que conducen a presuntos daños patrimoniales.
