La responsabilidad del Centro de Control Animal desató un nuevo conflicto entre el ayuntamiento porteño y defensores de los derechos de los animales, pues el albergue será operado a partir del 22 de marzo por un veterinario y otras tres personas designadas por el gobierno municipal, ya que la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales (Amedea) les entregará las instalaciones.
Por un lado, la síndica Yazmín Martínez Irigoyen acusó a la delegada de Amedea, Miriam Hernández Rodríguez, de lucrar con las mascotas y no rendir cuentas durante los últimos años, en los que estuvo al frente del inmueble, pues incluso hay registros de que la administración municipal incluso pagaba el sueldo de seis auxiliares presuntamente “aviadores” con salarios de ocho mil a 12 mil pesos quincenales.
“La señora Miriam recibía los animales a nombre de su asociación, jamás a nombre del gobierno municipal, a ella se le proporcionó el espacio, se le brindó la confianza y por eso no es la manera adecuada de comportarse y querer perjudicar al gobierno municipal.
Y otra cosa, muy importante para que lo sepan, de cada esterilización de los perros cobraba 280 pesos, de los 280 100 le daba al veterinario y ella se quedaba con 180 y de los gatos cobraba 180, le daban 100 al veterinario y 80 se quedaba por cada gato. Imagínense cuánto dinero no recibía esa señora y también tenía otros apoyos”, expresó.
En rueda de prensa, la síndica aseguró que el trabajo que se realiza en el Centro de Control Animal es informal y no beneficia a las mascotas. A consecuencia de lo anterior, se reunió con Miriam Hernández para revisar el tema, pues la activista solicitó cuatro personas para la limpieza, dos veterinarios así como 25 mil pesos mensuales para las necesidades del refugio.
La solicitud, a excepción del dinero, fue aprobada por el cabildo el 26 de enero, pero la funcionaria acusó diversos obstáculos y una actitud negativa. Finalmente, la defensora dijo que dejará el albergue en manos de las autoridades y el 28 de febrero fue divulgado el oficio en el que la síndica solicitó la entrega el 22 de marzo para formalizar la entrega.
“Llega la señora a la sindicatura ayer y nos dijo que ella dejaba el centro de control animal en el mes de abril, le daba demasiadas vueltas y le dije considero que por qué hasta el mes de abril, lo más conveniente es que si lo va a dejar lo deje en los próximos días y nos dijo que sí, se acordó que el día 22 lo va a entregar”, apuntó.
Martínez Irigoyen confirmó que la antropóloga Luz del Alba Hernández y el joven Pablo de Jesús Espinosa Espinosa integrarán el comité del Centro de Control Animal, quienes se autodefinieron como sensibles y con experiencia en el rescate de los animales, “yo pienso que no es necesario tener un perfil directo con los animales”, reconoció Pablo.
Al respecto, Miriam Hernández aclaró que dejará el inmueble con más de 80 animales, algunos en tratamiento, y advirtió que denunciará cada caso de maltrato animal que reciba.
No obstante, subrayó que les autoridades le quedaron a deber ya que muchos de los gastos corrieron por su cuenta, dio a conocer que los actuales funcionarios le pidieron su voto en tiempos de campaña y retó al ayuntamiento a comprobar que lucraba con los animales.
“Compra de croquetas para perro cuando no se recibe donación por bulto 600 pesos, gastamos siete mil 200 pesos al mes; pago de turno de limpieza 47 mil pesos; pago a médico veterinario por cada cirugía 78 mil 200 pesos; por cirugía de gatos 83 mil pesos; compra de anestésicos para cirugía 36 mil pesos; suturas para cirugías 60 mil pesos; medicamento para cirugía, desparasitantes, vacunas y material de curación 127 mil 450 pesos, entonces si yo le sumo me quedan a deber porque yo no soy servidor, me hago cargo de manera voluntaria, no recibo ni un quinto, que me lo comprueben”, añadió.
Hernández Rodríguez cuestionó a los integrantes del comité de protección animal, pues reveló que eran parte de la anterior administración o incluso “cruzan” o venden a las mascotas.
