La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, abogó hoy por que la Corte Suprema rechace el miércoles un recurso de Luiz Inácio da Silva y que permita con ello que el ex presidente sea encarcelado en breve debido a una condena por corrupción.
«Sólo en Brasil la Justicia entiende que sólo se puede ejecutar una sentencia después de que cuatro instancias judiciales confirmen una condena. Esta exageración destruye el sistema judicial porque una Justicia que tarda es una Justicia que falla», lamentó Dodge en una sesión pública de la fiscalía en Brasilia, un día antes de una trascendental fallo judicial para el destino de Lula.
El Supremo Tribunal Federal (STF) debe decidir el miércoles sobre un recurso extraordinario del ex mandatario, que fue condenado en enero a 12 años de prisión en segunda instancia en el marco la causa sobre corrupción política Lava Jato (Lavado de autos).
La defensa de Lula interpuso ante la máxima corte del país un recurso de «habeas corpus» solicitando que la pena de cárcel sea suspendido hasta que el caso sea cerrado en todas las instancis.
En caso de que el STF rechace el pedido, Lula, que aspira a ser candidato en las elecciones presidenciales de octubre, podría ser encarcelado en los próximos días.
El ex presidente tiene aún la posibilidad de llevar su caso a dos instancias más tras la segunda instancia: ante el Superior Tribunal de Justicia, la máxima corte del país para asuntos no constitucionales, y finalmente ante el propio Tribunal Supremo.
Si el STF concede el pedido a la defensa, la posible ejecución de la pena de Lula podría tardar varios meses. Un «habeas corpus» es una garantía constitucional que permite a un acusado apelar contra una prisión que considera ilegal.
El caso de Lula amenaza con generar un terremoto político en Brasil, agitado desde hace años por escándalos de corrupción.
El ex jefe de Estado (2003-2010) es claro favorito para ganar un tercer mandato presidencial en las elecciones del 7 de octubre, con hasta el 36 por ciento de los apoyos. El ex líder obrero es muy popular entre las clases más pobres debido a los programas sociales impulsados por sus Gobiernos.
La Justicia, sin embargo, considera que Lula estuvo implicado en una enorme trama corrupta en torno a la petrolera estatal Petrobras mientras era presidente.
Un tribunal de apelación confirmó en enero una condena de 2017 que dictaminó que Lula aceptó la reforma de un apartamento a cambio de favorecer a la constructora OAS en sus negocios con Petrobras.
«Lava Jato», considerada como la mayor operación anticorrupción de la historia brasileña, salpica a gran parte de la clase política del país sudamericano.
