El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, saldrá en libertad bajo fianza en las próximas horas, tras una resolución de la Audiencia Territorial de Schleswig, al norte de Alemania, que además descartó que pueda ser extraditado a España por el delito de “rebelión”, al considerar que el movimiento que encabezaba ha estado exento de violencia. La defensa del político independentista tendrá que pagar una fianza de 75mil euros y ahora deberá afrontar el proceso en libertad, una vez que queda abierta la puerta de su entrega al Estado español por el delito de malversación de fondos públicos.
Tal y como predijo hace una semana el abogado de Puigdemont, Jaume Alondo-Cuvillas, finalmente la justicia alemana ha decidido dejar en libertad bajo fianza a su cliente, pero lo más importante para la estrategia del líder separatista es que se asume la teoría defendida por el movimiento catalán de que el proceso de secesión que culminó en octubre pasado con una declaración fallida de independencia ha sido pacífica y en ningún caso se ha utilizado la violencia.
Según explica el tribunal en un comunicado, la sala primera de lo penal considera en principio que la imputación del delito de rebelión es “inadmisible”, pero cree que sí puede ser aceptado el de corrupción, como malversación de fondos públicos, por lo que el proceso de extradición sigue su curso.
En el escrito se añade que “por motivos jurídicos” no puede aceptarse una extradición por rebelión de acuerdo con el Código Penal español, ya que “los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación vigente aquí”. A su juicio, el delito que podría ser equiparable en Alemania, el de “alta traición”, no puede aplicarse porque no se cumple el requisito de la “violencia”.
Puigdemont se encuentra en la prisión de Neumünster desde el pasado 24 de marzo cuando fue detenido por la Policía alemana cerca de la frontera danesa, tras un operativo liderado por los servicios de espionaje españoles. Desde su encarcelamiento, el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra el movimiento separatista catalán, Pablo Llarena, ha insistido en que el proyecto de separación de España liderada por Puigdemont ha estado teñido de actos violentos, entre los que citó diversas protestas frente a la Consejería de Economía y una serie de actos aislados.
Esta decisión supone un serio varapalo a la estrategia del gobierno español, del derechista Mariano Rajoy, cuyo ministro de Justicia, Ignacio Catalá, señaló hace sólo unos días que “no contemplamos otro escenario que no sea la extradición”.
