La defensa del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión por corrupción, anunció hoy que adoptará todas las medidas posibles para evitar la anticipación de la ejecución de la pena, que considera ilegal, ante el inminente encarcelamiento del dirigente.
“La defensa adoptará todas las medidas legalmente previstas para evitar que la anticipación de la pena impuesta automáticamente por el tribunal sea ejecutada, porque es incompatible con la Constitución”, según un comunicado divulgado hoy por los abogados Valeska Teixeira Martins y Cristiano Zanin Martins.
Según sus abogados, el posible encarcelamiento del líder más carismático de Brasil y favorito en los sondeos de intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre también es incompatible con “el carácter ilegal de la decisión que condenó a Lula por el crimen de corrupción basada en ‘actos indeterminados’ y sin comprobación de que hubiese solicitado o recibido ventaja indebida (sobornos)”.
De acuerdo con la defensa, la Constitución brasileña garantiza el derecho a la presunción de inocencia, por lo que, en su opinión, Lula no puede ser encarcelado hasta que no se agoten todos los recursos a que tiene derecho, incluso en tribunales de tercera y cuarta instancia.
El comunicado fue divulgado tras la decisión del martes de la Corte Suprema que prácticamente le abrió las puertas de la cárcel a Lula, tras la confirmación de su condena en segunda instancia.
El Supremo Tribunal Federal rechazó, por 6 votos contra 5 y en una muestra de la división que el caso Lula genera en el país, un “habeas corpus” en el que la defensa solicitaba que el exmandatario sólo sea conducido a prisión cuando no le queden más recursos ni en tercera ni en última instancia judicial.
Para la defensa, la decisión de la Corte Suprema “viola la dignidad de la persona humana y otras garantías fundamentales” debido a que la mayoría de los miembros del tribunal ha dicho ser favorable “a que se interprete la garantía de la presunción de inocencia tal como lo establece la Constitución”.
“La condena impuesta a Lula desafía la jurisprudencia de los tribunales superiores y también los precedentes de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, bien sea porque está basada fundamentalmente en la palabra de otro reo, o porque fue impuesta en un proceso marcado por groseras nulidades o porque es incompatible con la descripción legal de los crímenes atribuidos al expresidente por la acusación”, según el comunicado.
Por eso, agregan los abogados, “tenemos la firme expectativa de que esa condena sea revertida por un órgano justo, imparcial e independiente”.
Inicialmente los abogados tienen plazo hasta el próximo martes para presentar un último recurso ante el Tribunal Federal Regional de la Cuarta Región para que los magistrados aclaren algunos asuntos de su decisión.
Sin embargo, la gran mayoría de los magistrados acostumbra rechazar este tipo de recurso por considerar que constituye una brecha que la defensa suele usar para intentar aplazar el cumplimiento de la pena.
Los magistrados tendrán que decidir primero si aceptarán analizar este último recurso y, en caso de que así sea, tendrán que marcar una sesión para pronunciarse sobre la petición, por lo que se prevé que el proceso se aplace al menos hasta finales de abril.
Tan sólo cuando los miembros del tribunal de segunda instancia se pronuncien sobre la última solicitud de la defensa, la decisión podrá ser comunicada al juez en primera instancia que determinó la condena, a quien corresponde expedir la orden de encarcelamiento.
El juez de primera instancia en este caso es Sergio Moro, titular del decimotercero juzgado federal de Curitiba e instructor del llamado caso “Lava Jato”, la investigación iniciada hace cuatro años y que puso al descubierto una gigantesca red de corrupción que desviaba recursos de la petrolera estatal Petrobras.
