Las organizaciones en defensa de los derechos latinos califican la decisión de un juez federal de reactivar el programa migratorio DACA como “una gran derrota para el Gobierno de Trump“, e instan a los políticos a reafirmar esta iniciativa en el Congreso de EU.
El magistrado John Bates, con tribunal en Washington, consideró “inexplicada” la derogación de programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) y ordena al presidente continuar con la admisión de nuevos solicitantes, además de seguir renovando a sus actuales beneficiarios.
“Es una gran derrota puesto que es la tercera vez que el sistema judicial le dice a la administración Trump que tienen que aportar más evidencias sobre su decisión y que la conclusión es que la medida se hizo de forma ilegal y sin razón”, dijo a Efe Sindy Benavides, directora de operaciones de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por su sigla en inglés).
En su opinión, la decisión del juez Bates de calificar la suspensión como “arbitraria y caprichosa” fue un “completo acierto” por parte del magistrado, ya que para LULAC la única motivación de Trump fue satisfacer a sus votantes “jugando” con las vidas de los jóvenes latinos.
El magistrado congeló durante 90 días la aplicación de su propio fallo para dar así la oportunidad al Departamento de Seguridad Nacional de justificar por qué puso fin al DACA, un programa instaurado en 2012 durante la Presidencia de Barack Obama y que al momento de ser eliminado por Trump tenía registradas a 690.000 personas.
Por su parte, el Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales (NHCSL), agradeció al juez su decisión y destacó que es la primera vez que un magistrado designado por un presidente republicano respalda una iniciativa que favorece a la comunidad inmigrante.
El presidente del NHCSL, el senador de Puerto Rico Carmelo Ríos, expresó en un comunicado que este hecho “subraya el consenso bipartidista sobre la legalidad del programa DACA” y espera que la Administración Trump escuche a los tribunales y ponga fin a una campaña que carecía de “base legal” para sus acciones.
La suspensión de DACA ordenada en septiembre por Trump tenía que entrar en vigor el pasado 5 de marzo, aunque nunca llegó a materializarse por los desafíos legales que enfrentó la decisión del presidente.
Trump, sin embargo, ofreció a los demócratas un nuevo plan para regularizar a 1,8 millones de “soñadores” a cambio de la aprobación en el Congreso de 25.000 millones de dólares para levantar el muro en la frontera con México, un acuerdo que la oposición no aceptó.
Por ello, la directora de operaciones de LULAC avisa: “Esto puede ser una ayuda a corto plazo, pero debemos poner nuestra atención a lo que pueda pasar a largo plazo en el Congreso para tratar de proteger a nuestras comunidades”.
En esta línea, la directora de campañas y políticas de inmigración de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Lorella Praeli, considera básico que se ratifique la validez de un programa que el sistema judicial declara “legal” a través de las decisiones de sus jueces.
La activista de ACLU valoró, en declaraciones a Efe, que por el momento “todo es muy confuso”, por lo que la comunidad se muestra “preocupada” ante una situación de incertidumbre que afecta en especial a jóvenes en pleno desarrollo vital.
Praeli sentenció que el Congreso es la única autoridad que puede usar su poder para “resolver esto de una vez por todas”.
