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Notimex

Casi 350 víctimas de explotación sexual y trabajos forzados fueron rescatadas durante una operación coordinada por la Interpol en 13 países de América Latina y el Caribe, en la que 22 personas fueron detenidas, informó hoy la propia organización internacional de policía criminal.

Más de 500 policías de 13 países, incluidos de Brasil, Venezuela, Jamaica, Guyana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago, detuvieron a 22 individuos durante la llamada Operación Libertad, que tuvo lugar entre el 3 y 9 de abril en el marco del Proyecto Interpol para combatir la trata de personas.

Durante la operación, coordinada desde Barbados, los agentes policiacos rescataron a cerca de 350 personas de prostíbulos, explotaciones agrarias, minas, fábricas y mercados al aire libre, en las que se forzaba a trabajar a mujeres, hombres y niños.

Además, confiscaron computadoras portátiles, celulares y dinero en efectivo, precisó la Interpol en un comunicado en su página web.

Destacó que la mayoría de las víctimas pertenecen a uno de los grupos más vulnerables frente a los traficantes de personas; aquellos dispuestos a cruzar fronteras en busca de trabajo y mejores oportunidades de vida.

Las mafias prometen a estas personas una vida mejor, pero “lo que no les dicen son las condiciones de trabajo que encontrarán en su destino final”, denunció el coordinador de la unidad de la Interpol que lucha contra el tráfico de personas, Cem Kolcu.

Por ejemplo, en Guyana la policía encontró a mujeres jóvenes forzadas a ejercer la prostitución junto a minas de oro situadas en zonas remotas, de tal forma que no tuvieran la oportunidad de escapar.

El aislamiento de algunos de los lugares elegidos por los traficantes dificulta la intervención de la policía, además las investigaciones son complicadas por el hecho de que algunas víctimas no se identifican como tal porque ganan más dinero que en sus países de origen, mientras otras son presionadas para ofrecer falsa información.

La Operación Libertad supone la culminación de dos años y medio de trabajos de un proyecto financiado por el gobierno de Canadá, que brindó capacitación especializada a agentes, investigadores y funcionarios de inmigración para mejorar la experiencia operativa y la coordinación regional para combatir la trata de personas.