El gobierno español está tomando medidas para impedir que los separatistas catalanes reelijan en ausencia al expresidente regional Carles Puigdemont, quien se encuentra en Alemania bajo pedido de extradición.
El vocero del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dijo el miércoles que el gobierno ha apelado ante el Tribunal Constitucional una reforma legal del parlamento catalán, de mayoría separatista, que allanó el terreno para la elección de Puigdemont.
Con solo hacer lugar al caso, como se prevé, el alto tribunal dejará a Puigdemont sin posibilidades de ser reelegido.
Al anunciar la medida tras una reunión extraordinaria del consejo de ministros, Méndez dijo que la apelación también busca impedir las reuniones del consejo regional de Cataluña por videoconferencia, con miembros que podrían estar en el exterior.
Cataluña debe elegir un nuevo presidente regional antes del 22 de mayo para evitar la prolongación del control directo de Madrid sobre la región.
Esto último sería desastroso para los partidos independentistas, que hasta ahora han culpado a las autoridades centrales y los tribunales por impedir sus esfuerzos para elegir candidatos presos o acusados de cargos vinculados con el intento separatista.
A falta de un líder reconocido, Cataluña seguiría bajo el control del gobierno conservador del presidente Mariano Rajoy.
El consejo de ministros en Madrid maneja los asuntos públicos de Cataluña desde hace seis meses, poco después que los separatistas declararon la independencia tras un referendo proscrito sobre secesión.
Una elección regional convocada por Rajoy a fines de 2017 para superar la crisis dio una estrecha mayoría a los separatistas en el Parlamento.
Por otra parte, un juez del Tribunal Supremo ratificó el miércoles la acusación contra Puigdemont de rebelión y malversación de fondos públicos, los dos cargos bajo los cuales España ha solicitado su extradición desde Alemania.
Puigdemont fue arrestado el 25 de marzo en el norte de Alemania y se encuentra en Berlín, en libertad bajo fianza. La corte alemana que entiende en su caso falló que el cargo de rebelión no amerita la extradición, porque la ley alemana no lo castiga.
Puigdemont puede ser extraditado bajo el cargo menor de malversación de fondos públicos para realizar el referendo el año pasado.
El juez Pablo Llarena también rechazó las apelaciones de otros 22 exministros, legisladores y activistas catalanes acusados en marzo.
