En una decisión que provocó la indignación de las mujeres y los colectivos feministas, la Audiencia Provincial de Navarra decidió decretar la libertad provisional, con una fianza de seis mil euros (150 mil pesos) a los cinco ciudadanos españoles condenados por agresión sexual a una joven durante las fiestas de San Fermín de Pamplona del 2016.
El grupo conocido como La Manada vejó, filmó y se mofó de la joven cuando abusaron de ella de forma sistemática y reiterada, sin embargo el tribunal que les condenó consideró que el delito por el que fueron condenados no fue violación, al no haber existido una agresión o violencia.
El pasado 26 de abril, la misma Audiencia Provincial de Navarra dictó una de las sentencias más esperadas por la dimensión mediática que había adquirido el caso.
La Manada -o los Porkys españoles- son cinco jóvenes españoles, originarios de Andalucía y entre ellos hay dos militares y un agente de la Guardia Civil. Aquella noche de julio del 2016, la joven agredida fue metida con engaños al portal de un edificio y ahí fue donde se produjo la agresión múltiple.
La joven fue atendida unos minutos después cuando se encontraba desconsolada en la banca de un parque solitario, en donde la auxiliaron unos agentes municipales que fueron los primeros que denunciaron los hechos.
La sentencia consideró probada la agresión sexual, pero no la violación, para la que, según la doctrina española, debe existir intimidación y violencia, algo que según los magistrados no existió en el caso denunciado y después de haber recabado los testimonios de la víctima y los victimarias y de haber visto un video que fue grabado por uno de los agresores.
La sentencia, además, no fue unánime, al haber existido un voto particular de uno de los tres jueces que integran la Sala que consideró que no se había producido ninguna agresión y que más aún él había percibido “actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo”.
El juez que en el fallo condenatorio emitió el voto particular favorable a la absolución de los miembros de La Manada, Ricardo González, apoyó en esta ocasión el decreto de la libertad provisional, al igual que Raquel Fernandino, que votó entonces a favor de la condena a los jóvenes sevillanos. Los magistrados consideran que no se dan las circunstancias de riesgo de fuga ni de reiteración delictiva.
La decisión de la Audiencia de Pamplona es recurrible ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra pero este recurso, en el caso de que se presente, no suspende la ejecución de la libertad provisional decretada ahora. Por lo tanto, los condenados podrán abandonar la cárcel en el momento en el que cada uno de ellos deposite la fianza.
Los jueces también impusieron como medidas cautelares la prohibición de comunicarse con la víctima, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio español sin autorización judicial.
Los colectivos feministas advirtieron que si La Manada sale a la calle, se inundarán las plazas de las ciudades y pueblos con manifestaciones para exigir su inmediato encarcelamiento. Y seguirán las movilizaciones contra lo que consideran una “justicia patriarcal y machista”
