En un edificio sin número ubicado a unas manzanas de la frontera de Estados Unidos con México, padres migrantes se aferran a las carpetas que contenían sus actas de nacimiento y sus documentos de solicitud de asilo mientras aguardan sentados en sillas plegables su turno para usar el teléfono.
Corren presurosos cuando dicen sus nombres para darles la noticia de que un pariente o un trabajador del Gobierno está en la línea, tal vez con noticias sobre sus hijos.
Por días e incluso por semanas, algunos de los cientos de padres que han sido separados de sus hijos por el Gobierno de Estados Unidos han tenido que enfrentarse a uno de los sistemas de migración más complejos del mundo para encontrar a sus hijos y poder reunirse con ellos.
Para muchos ha sido una lucha desequilibrada, frustrante y desgarradora. La mayoría no habla inglés. Muchos no conocen el paradero de sus hijos. Y algunos dijeron que sus llamadas a la línea de información del Gobierno no han sido contestadas.
Ahora, al menos, tienen al sistema legal de su lado, dado que un juez federal en California falló el martes por la noche que el Gobierno de Trump debe reunir a más de dos mil niños con sus padres en máximo 30 días, o 14 en el caso de los menores de cinco años.
Sin embargo, sigue habiendo enormes desafíos logísticos. Y queda por ver si el Gobierno estadounidense puede arreglárselas para deshacerse de la burocracia, la confusión, la aparente falta de coordinación y cumplir con el plazo.
El Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el cual está a cargo de los menores, no proporcionaron detalles el miércoles sobre cómo pretenden responder al fallo.
Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), dijo que considera que el plazo es realista.
“Es una cuestión de voluntad política, no de recursos”, indicó.
Entre los factores que complican la situación están: que los niños han sido enviados a albergues de todas partes del país –a miles de kilómetros de distancia de la frontera- y quizás, que cientos de padres ya han sido deportados de Estados Unidos sin sus hijos.
Una mujer de Guatemala que fue deportada sin su hijo de ocho años ha tenido que encontrar un abogado de Estados Unidos desde su casa ubicada a las afueras de la ciudad de Guatemala para que la ayude a reunirse con el pequeño de nombre Anthony.
Elsa Johana Ortiz celebró el fallo del juez, pero dijo que mientras su hijo no esté con ella, no estará en paz.
En El Paso, Texas, más de una treintena de padres que fueron liberados el domingo de un centro de detención comenzaron la búsqueda de sus hijos utilizando el teléfono fijo de un albergue operado por Annunciation House.
Algunos en el albergue corrieron para tomar los autobuses y dirigirse a Nueva York, a Dallas y a la Costa Oeste para vivir con sus familiares con la esperanza de que pudieran establecerse y que fuera más fácil tener a sus hijos de vuelta. Aquellos que viajaron a otras ciudades no llevaban más que unas bolsas de plástico con sándwiches y documentos.
Digna Pérez, de El Salvador, dijo que la separaron de su hijo de nueve años y de su hija de seis en la frontera el 29 de mayo. Habló con ellos el lunes por teléfono y se preocupó al escuchar respuestas letárgicas y distraídas de su hijo, quien suele ser hablantín.
“Fue como si a la fuerza le sacaba las palabras, él no era así”, señaló Pérez.
La salvadoreña tenía planes de viajar a Houston para quedarse con amigos de su familia e intentar recuperar a sus hijos demostrando que había un hogar adecuado esperándolos.
Otro solicitante de asilo en Annunciation House, Wilson Romero, esperaba reunirse con su hija de cinco años, Nataly, en California, en la casa de su madre, quien inmigró recientemente.
Romero, de 26 años, fue separado de su hija por las autoridades estadounidenses en El Paso en mayo. En Honduras trabajaba en una fábrica de textiles haciendo logotipos para marcas de Estados Unidos a las afueras de San Pedro Sula, una de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica. Contó que dejó su tierra natal para que su hija tuviera la oportunidad de estudiar una carrera. Ahora, solo quiere verla otra vez.
“Confío en Dios que sea muy pronto”, dijo Romero, quien tiene un tatuaje del nombre de su hija en el brazo derecho.
Para muchos migrantes, la burocracia se ha convertido en fuente de frustración al tratar de encontrar a sus hijos.
Algunos han tenido que solicitar actas de nacimiento y documentos de identidad en Honduras y esperan a que lleguen por correo.
A algunos que intentan colocar a sus hijos con amigos o familiares en Estados Unidos, el Gobierno les ha pedido las huellas dactilares de sus familiares, así como sus recibos de servicios públicos e información de su vivienda, documentos que muchos migrantes recién llegados al país no tienen, de acuerdo con Jesse Bless, abogado de Jeff Goldman Inmigration, con sede en Boston, quien representa a Lidia Karine Souza.
Souza, de 27 años, se entregó junto con su hijo Diogo a las autoridades estadounidenses en la frontera de Texas, y solicitó asilo bajo el argumento de que su vida estaba en peligro en su natal Brasil. Los funcionarios la detuvieron en Texas y la separaron de su hijo el 30 de mayo sin decirle dónde lo iban a colocar.
Contó que cuando fue liberada el 9 de junio, otra madre detenida que también había sido separada de su hijo le comentó que revisara un albergue de la ciudad de Chicago, y ahí fue donde encontró a Diogo. Sólo les permitieron llamadas telefónicas de 20 minutos a la semana, en las que el niño le suplicaba que se reunieran.
Souza, quien se mudó con sus familiares en Massachusetts, dijo que entregó 36 páginas de documentos que los funcionarios estadounidenses le solicitaron para recuperar a su hijo. Sin embargo, el menor sigue detenido. Estuvo en cuarentena durante varios días debido a que tuvo varicela. Ahora, las autoridades le pidieron a Souza las huellas dactilares de sus familiares y lo más pronto que el niño podría ser liberado es a fines de julio.
Diogo celebró su noveno cumpleaños el lunes, detenido.
Su madre interpuso una demanda contra el Gobierno de Trump. Una audiencia de emergencia está programada para el jueves.
Souza visitó a Diogo por primera vez el martes. Se abrazaron, ella le dio besos en la cabeza y la cara y tomó sus mejillas mientras lloraban.
“Te extrañé tanto”, le dijo.
Cuando se le preguntó a Diogo cómo estaba, respondió: “Estoy mejor ahora”.
En esta fotografía del 9 de septiembre de 2014, se muestra el Fuerte Bliss en El Paso, Texas. Foto: Juan Carlos Llorca, Archivo, AP
SEGURIDAD NACIONAL PIDE 12 MIL CAMAS PARA MIGRANTES EN BASE MILITAR
El Departamento de Seguridad Nacional ha solicitado formalmente 12 mil camas en instalaciones militares para las familias que sean detenidas tras cruzar la frontera de forma ilegal, informó el Pentágono el miércoles.
La solicitud indica que dos mil de las camas estén listas en los próximos 45 días, y que el resto esté disponible para cuando sea necesario, indicó el Departamento de Defensa en un comunicado.
Las instalaciones deben cumplir con los estándares del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para alojamiento de familias, así como con el llamado acuerdo Flores de 1997, el cual rige el trato que deben recibir los niños en custodia. Esos estándares requieren equipo de aire acondicionado, bibliotecas, duchas privadas y atención médica, dental y mental. Dichas normas también establecen que debe de haber libertad de movimiento en la instalación durante el día.
El espacio se encontrará en una base militar, pero no se sabe con certeza en cuál.
En su comunicado, el Pentágono dijo que si no cuenta con instalaciones disponibles, se le ha pedido que identifique terreno disponible y construya instalaciones capaces de albergar hasta cuatro mil personas en tres ubicaciones separadas.
El Departamento de Seguridad Nacional prefiere que las instalaciones se construyan en Texas, Arizona, Nuevo México o California, para facilitar el acceso y la supervisión de los sitios, explicó el Pentágono, y agregó que al hacer eso, también cumpliría con la disposición del acuerdo Flores sobre que se deben de hacer los esfuerzos necesarios para colocar a los menores en el área geográfica donde la mayoría fueron detenidos.
