La descentralización institucional propuesta por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es una “muy buena estrategia” para generar desarrollo en distintos puntos del territorio nacional. Pero trasladar cuando menos una dependencia federal a cada una de las 32 entidades federativas, de manera paulatina y a lo largo de un sexenio, es una jugada “disruptiva” que incluso puede generar conflictos sociales, dijeron demógrafos, urbanistas, economistas y politólogos consultados.
López Obrador planea acabar con la concentración de instituciones gubernamentales en la Ciudad de México, donde según su Proyecto de Nación 2018-2024, está concentrado el 80 por ciento de los 3 millones de personas que laboran en 18 secretarías de Estado y 299 entidades de gobierno.
La descentralización tiene dos objetivos principales. “Que haya crecimiento parejo en todos los estados de la República” (porque reactivaría la economía regional con la reubicación de empleos y generación de nuevas plazas) y que los diversos trámites administrativos “sean más eficientes” (ya que las dependencias estarían localizadas en puntos estratégicos del país, considerando la relación entre las necesidades locales y la función operativa de la institución), refirió AMLO el año pasado.
De manera paralela, el plan incluye revertir el “exacerbado centralismo” que también causa que “muchas instituciones y empresas privadas de múltiples sectores” se concentren en la capital del país, “para mantenerse cerca de las dependencias correspondientes a su sector, o por intereses y necesidades de gestión”, explica su proyecto.
En la opinión del doctor Manuel Ordorica Mellado, especialista en demografía del Colegio de México (Colmex), la cantidad de población que será movilizada “no es importante” en comparación con el tamaño de las poblaciones receptoras (de entre 100 mil y 1.5 millones de habitantes). La importancia de la descentralización radica en que “puede ser un detonante del desarrollo social de las ciudades intermedias” –donde la pobreza afecta, en promedio, a la tercera parte de sus habitantes– y un generador de “equilibrio poblacional y de las condiciones socioeconómicas” regionales, abundó.
La “detonación demográfica” será trascendental, sobre todo, si se consolida en la zona fronteriza (importante por sus actividades comerciales e industriales) y en la zonas costeras (que podrían aumentar la productividad nacional). Pero si logra tener un efecto en las “zonas dispersas que hay en el país” –que incluye 200 mil localidades pequeñas, algunas con menos de 500 habitantes y con población indígena– habría la posibilidad de unir y equilibrar a México con la “atracción e impulso de otras actividades e instancias” (como la salud, la educación, la infraestructura y el trabajo), dijo el también ex directivo del Consejo Nacional de Población (Conapo).
Para lograrlo, el político tabasqueño propone iniciar con un presupuesto de 22 mil 805 millones de pesos para financiar estudios de viabilidad regional, de infraestructura, de mercados inmobiliarios, económicos (para la inversión), entre otros. No obstante, esta sería sólo la punta del iceberg, ya que el costo de trasladar instituciones y mover a cientos de miles de trabajadores será, “por mucho, mayor”, explicaron los analistas consultados por SinEmbargo.
Aún no hay claridad con respecto a la procedencia de los fondos para la descentralización institucional. Aunque el proyecto del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) plantea hacer uso de fideicomisos de inversión y bienes raíces (o fibras), lo que implicaría fondos de capital de riesgo (inversión temporal privada) en lugar de más endeudamiento (a través de préstamos).
La descentralización “sería uno de los mecanismos” para tratar de reducir la brecha de desigualdad, comentó Kristobal Miguel Meléndez Aguilar, especialista en cuentas subnacionales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Pero debido a las condiciones económicas particulares de cada entidad y a la diferencia de magnitud presupuestaria de las dependencias de gobierno, “algunos estados continuarán teniendo mayor representación en la distribución de recursos federales”, advirtió.
Reducir la desigualdad, por tanto, “dependerá de los instrumentos y su aplicación en cada entidad”, concordó el doctor Oscar Alejandro Terrazas Revilla, investigador en Estudios Urbanos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco.
Para el urbanista, el reto de la descentralización es del Gobierno federal y también de los estados, “porque de ellos dependerá si esto resulta en una catástrofe porque no supieron resolver la demanda que se genere [requerimientos de suelo, de infraestructura, de servicios, etcétera], o si se convierte en una ventaja competitiva”.
En ese sentido, recordó que en la década de los ochenta hubo una propuesta similar que “no prosperó”. Primero por la oposición de la gente para mudarse; luego debido a “problemas por los recursos requeridos”. Al final de ese proceso, sólo una dependencia fue trasladada de la capital del país a la ciudad de Aguascalientes: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 1985, que demostró que, sin importar su locación, “puede cumplir bien con su papel” y volverse un “centro de dinamismo social”.
El problema de México, expresó el doctor Ordorica Mellado, no sólo ha sido la falta de concretar proyectos de descentralización como los de los años cincuenta, setenta y ochenta -con planes para trasladar los excedentes de población del altiplano a las zonas costeras, reducir la fecundidad y evitar flujos migratorios hacia las zonas metropolitanas– sino también, la falta de planeación estratégica en materia de desarrollo regional, que debió de actuar, en todo momento, junto con las políticas económicas y sociales.
LOS PROS
El patrón de asentamientos humanos en México “se caracteriza por una gran concentración de la población en pocos centros urbanos y una acentuada dispersión en numerosas y pequeñas localidades, las que generalmente están asociadas a condiciones de pobreza, marginación y rezago demográfico”, se lee en el estudio Heterogeneidad estructural en la estimación de la Ley de Okun para el caso mexicano de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La concentración urbana y la dispersión rural plantean retos para el desarrollo regional y deben ser parte de los programas de desarrollo y reordenamiento territorial de la población, indica el documento. Y según el doctor Manuel Ordorica Mellado, además de reorientar y reubicar a la población para fortalecer las zonas vulnerables del país, es elemental que el proyecto de AMLO cuente con un “instrumento que esté observando lo que vaya ocurriendo a lo largo de todo el proceso, para saber qué tipo de efectos son los que están teniendo”.
Uno de los beneficios más importantes sería el económico. La descentralización generaría más “empleo capacitado” –con mayor poder adquisitivo– en las ciudades, tanto por la demanda de las dependencias como de las “empresas de apoyo”, que llegarían a suplir bienes y servicios relacionados (comida, transporte, construcción, licitaciones, etcétera), dijo Meléndez Aguilar del CIEP. Este desarrollo abonaría a reducir las emigraciones y la fuga de cerebros. También se traduciría en consumo local que podría reactivar la economía atrayendo, incluso, inversión extranjera directa.
La descentralización sería, asimismo, una “buena alternativa” para que el país se volviera “más federal” –o que tuviera mayor representación institucional a nivel local– y resolviera la falta de vínculos administrativos entre los ámbitos nacional y estatal, lo que llevaría a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, mencionó Enrique Toussaint, politólogo de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Con la llegada de instituciones de gobierno, las entidades recibirían el impacto del presupuesto institucional y de la inversión privada que “jale”. Con ello, se observaría un mayor desarrollo en el mercado local y en el flujo de la población flotante que emigraría a trabajar a las localidades, concordaron los especialistas. Y esta dinámica positiva cambiaría el “ecosistema regional”.
Según Terrazas y Toussaint, el cambio destaparía un desarrollo demográfico y urbanístico; pero también, consolidaría “comunidades epistémicas” (o de especialistas) que responderían a las demandas técnicas y operativas de las instituciones y negocios correlativos a ellas (como sucedió en Aguascalientes con la llegada del Inegi o de la industria aeroespacial, por ejemplo).
En este dinamismo urbano, aumentaría la “competitividad inmobiliaria”, que sería probable que derivara “en mejor plusvalía, mayores inversiones, un mayor flujo de migración poblacional de calidad con poder adquisitivo”, dijo a SinEmbargo Leonardo González, analista de real estate de Propiedades.com. El negocio de la renta, detalló, también se vería beneficiado, ya que en un primer momento, es probable que los funcionarios que se trasladaran, rentaran antes de comprar (en lo que deciden si pueden o no acoplarse a su nuevo estilo de vida).
Un cambio como este produciría una reacción en cadena, que según González, Terrazas y Toussaint, podría traducirse en mejoras en infraestructura y servicios locales (alcantarillado, alumbrado, encarpetado), con mayor planificación de desarrollo urbano –en un país con rezago urbanístico en “prácticamente el 100 por ciento de la ciudades”, de acuerdo con González– y que en términos generales, propiciaría un “mejor clima urbano” que resolvería conflictos locales en cuestiones de regulación de tierras, invasiones territoriales, entre otros.
La llegada del Inegi a la ciudad de Aguascalientes en 1985 generó un polo urbanístico de desarrollo. Su presencia atrajo congresos, foros de investigación, demanda de mano de obra y de infraestructura, entre otros. Foto: Inegi.
… Y LOS CONTRAS
Más allá de los posibles beneficios, están los problemas coligados a un proceso de descentralización institucional. La dependencia que se asiente en una determinada ciudad podría convertirse en un “polo” de desarrollo, lo que quiere decir que sería el punto de partida del nuevo estilo de vida de la ciudad. Sin embargo, podría ser también un polo de conflicto que convierta la “bendición” –como la llamó el doctor Oscar Alejandro Terrazas Revilla de la UAM Azcapotzalco– en una pesadilla.
“Cuando plantas un proyecto de este tipo, que es un proyecto estructural disruptivo, tenemos que la competitividad en la ciudad puede mejorar. Pero si no se incluye la participación, o la opinión o la evaluación de las comunidades locales, se puede generar un proceso generalizado de deterioro del proyecto” con la generación de “un clima de inseguridad y de violencia”, indicó el analista inmobiliario Leonardo González.
Al respecto, Terrazas mencionó que sería necesario considerar contingencias, tener márgenes de dinero adecuado y un proceso de licitación apegado a la norma vigente para evitar la exclusión de comunidades locales. Además, recalcó que los conflictos a flor de piel serían los costos económicos (derivados de la mudanza, la logística que implica y la infraestructura que necesita) y administrativos (relacionados con la resistencia de los trabajadores para mudarse).
“Lo más probable [es] que al inicio sean los altos mandos los que emigren porque puede haber una resistencia de personal sindicalizado de traslado hacia otras entidades federativas. Pero sí es posible en cierta medida”, coincidió Kristobal Miguel Meléndez Aguilar, especialista en cuentas subnacionales del CIEP. Si no manejan de manera adecuada el asunto, “podrían separar familias” y generar conflictos al interior de las dependencias, por cuestiones familiares, advirtió.
El 17 de julio pasado, Joel Ayala Almeida, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), envió una circular en la expuso al próximo Gobierno federal tres puntos que se deberán tomar en cuenta para aplicar el traslado de las dependencias:
-Respetar los derechos de los trabajadores de base sindicalizados, “así como la animación categórica de la seguridad en el empleo sin recorte alguno”
– La descentralización deberá “llevarse a cabo de manera paulatina, gradual, haciendo nuestra la base del razonamiento del candidato triunfador coincidente con el pensamiento juarista: Nada con la fuerza, todo con el derecho y la razón”
–Establecer “condiciones mínimas elementales el que los trabajadores involucrados reciban vivienda digna, construida con calidad, así como el que les sean proporcionados educación, servicios médicos de calidad y áreas de esparcimiento”.
Adelantó que esperarán a que López Obrador sea formalmente nombrado presidente electo para solicitar “mesas bilaterales de trabajo” para revisar “la problemática”. La FSTSE representa a 90 sindicatos de diferentes dependencias, según su sitio web, aunque existen otros sindicatos de servidores públicos.
El proyecto de López Obrador plantea, en ese sentido, llegar a un acuerdo con los trabajadores. Les daría facilidades de vivienda (créditos del Fovissste), de estudio para sus hijos y “mejores condiciones laborales” (no especifica cuáles).
En el caso de la Ciudad de México, los analistas señalaron que la descentralización resolvería (de forma parcial) el tema de la congestión urbana y que habría mejoría en cuanto al déficit de abasto de agua. No obstante, los mercados –como el de bienes raíces, por ejemplo– se reajustarían generando nuevas oportunidades de negocio; pero también se perderían empleos coligados a las dependencias federales y se esfumarían los beneficios indirectos que propician los funcionarios públicos en una determinada comunidad (mercado formal con nivel socioeconómico alto, vínculos con líderes de comunidades y colonias, entre otros).
