La Asamblea Nacional (Congreso) de Nicaragua aprobó hoy una declaración en la que rechaza la presencia del Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para observar la crisis sociopolítica del país.
La declaratoria de cuatro puntos señaló que el Congreso repudia la posición del Grupo de Trabajo de la OEA por considerar que se violenta la soberanía nacional e interviene en los asuntos internos de Nicaragua.
La declaración va en línea con lo dicho por el canciller nicaragüense, Denis Moncada, el miércoles, donde expresó que los integrantes de la comisión de la OEA, «conformada y dirigida por el gobierno de Estados Unidos», no serán «bienvenidos a nuestro país».
Moncada calificó de «inaceptable» la presencia en el país de la comisión «injerencista».
En la declaratoria aprobada este jueves por legisladores del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y algunos aliados políticos, la Asamblea Nacional mostró su respaldo a la posición «digna y soberana» del gobierno de Nicaragua con respecto a no permitir el ingreso al país de los miembros de la comisión de la OEA.
La OEA aprobó el pasado 2 de agosto la creación del Grupo de Trabajo para observar la crisis en Nicaragua con el voto a favor de 20 países, el rechazo de cuatro, incluido Nicaragua, la abstención de ocho y la ausencia de dos.
El Grupo de Trabajo está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú.
Según el texto aprobado en la OEA, el Grupo de Trabajo busca viajar a Nicaragua para observar y contribuir a la solución de la problemática sociopolítica, originada desde abril cuando el gobierno sandinista anunció reformas al seguro social.
Los países integrantes del Grupo de Trabajo, en una reunión, escogieron hoy a Canadá y Chile para presidir esa instancia regional de la OEA.
El país ha enfrentado desde el 18 de abril una ola de protestas surgidas luego de que el gobierno intentó incrementar el monto de las cotizaciones a la seguridad social y reducir en un 5 por ciento el monto de las pensiones de los jubilados.
La medida provocó protestas en casi todos los departamentos del país y aunque fue revocada por el presidente Ortega, las manifestaciones continuaron en demanda de cambios institucionales.
De acuerdo con el gobierno de Nicaragua, la crisis sociopolítica ha dejado a la fecha 198 muertos.
