Hace un año, alrededor de las cinco de la tarde, un comando integrista del Estado Islámico perpetró el peor atentado en la historia de Barcelona: una furgoneta recorrió a más de 100 kilómetros por hora más de medio kilómetro de la zona peatonal de la emblemática Rambla de Cataluña, que a esa hora se encontraba atestada de turistas y comerciantes. Fue una masacre que conmocionó a la ciudad y al país, con un saldo de 15 muertos y 131 heridos. Un año después de aquel fatídico 17 de agosto del 2017 las víctimas y sus familiares acusan a los políticos de intentar manipular la tragedia a su favor, lo que consideran una afrenta a la memoria de los muertos y al dolor de los que todavía recuerdan ese momento con horror.
Desde que ocurrió el doble atentado, el primero de las Ramblas de Barcelona, y el segundo en la madrugada del día siguiente en la localidad de Cambrils, en la que fueron heridos tres policías por atropello y en el operativo fueron abatidos cinco de los supuestos miembros de la célula integrista, se ha registrado una guerra política entre los políticos independentistas catalanes, que detentan el poder, y el Estado español, ahora presidido por el socialista Pedro Sánchez.
Los atentados se registraron además sólo un medio y medio antes del referendo de independencia que habían programado las formaciones soberanistas para llevar a cabo el proceso de secesión unilateral, que finalmente fracasó pero que provocó una ola de procesos judiciales contra los líderes que lo impulsaron o cobijaron bajo la administración catalanas. Uno de esos personajes cruciales fue Josep Lluis Trapero, que era el jefe de la policía autonómica catalana, los Mossos de Squadra, cuando se sucedieron los hechos y que ahora está procesado por varios delitos por su actuación durante el referendo.
Para conmemorar la tragedia, el gobierno catalán del independentista Quim Torra intentó centrar los homenajes en el primer aniversario en la figura de Trapero y del ex consejero de Interior, Joaquim Forn, en la cárcel desde el pasado noviembre acusado de rebelión, malversación y desobediencia. Pero las propias víctimas y el propio Trapero pidieron de forma pública que no se ensuciara la tragedia y el dolor de las víctimas con la politización del aniversario, con lo que sólo así dio marcha atrás el gobierno catalán al polémico homenaje a sus compañeros de partido el mismo día del aniversario.
“Nos sentimos engañados y olvidados por las autoridades, tristes, pero con ganas de recuperar nuestras vidas”, acusó Ana Cortés, una de las heridas cuando paseaba por La Rambla la tarde del 17 de agosto de 2017. “Sigo teniendo miedo y ataques de ansiedad constantemente cuando veo grupos en la calle, cuando sale gente corriendo o que grita. Así estamos, luchando. Y soy conciencia de que a partir del 18 volveremos a ser olvidados. Durante este año, ningún partido ni asociaciones ni organizaciones se han interesado en saber quiénes éramos y cuáles son nuestras necesidades, esos que se pelean por hacerse una foto con nosotros y que ahora somos su prioridad”. Y señaló a los partidos políticos de todos los colores.
Un mensaje que también recibió y acató la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se sumó a petición de las víctimas de no politizar los atentados ni el dolor de las víctimas. E incluso informó que desde su administración se había trabajado mucho en las últimas semanas para evitar que durante los actos de homenaje, al que se prevé la asistencia de las más altas instituciones del país, incluidos el Rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se registren abucheos o salidas de tono en virtud de las características de los actos públicos.
