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EFE

Un grupo de policías ingresó este jueves al edificio donde se ubica la vivienda de la expresidenta de Argentina Cristina Kirchner (2007-2015) en Buenos Aires para comenzar su allanamiento.

A las 12H06 locales (15H06 GMT) empezó el operativo sin la presencia del juez Claudio Bonadio, quien ordenó los allanamientos a tres residencias de Kirchner en el marco de una causa por corrupción en la adjudicación de la obra pública durante su mandato.

Un enorme operativo se desplegó en el exclusivo barrio de Recoleta, con varias camionetas policiales, un cordón de efectivos frente a la puerta del edificio y personal de brigadas de explosivos, bomberos y perros. En otras dos residencias de la expresidenta, una en Río Gallegos y otra en El Calafate, en el sur del país, aún no había empezado la inspección, según señaló la prensa en el lugar.

El allanamiento fue solicitado por Bonadio y requería la aprobación del Senado, que lo autorizó la noche del miércoles debido a que la exmandataria (2007-2015), elegida senadora en 2017, está amparada por fueros parlamentarios. Debido a esos fueros, Kirchner no puede ser detenida, pero se la puede imputar y condenar.

Antes de la sesión del miércoles en la que fueron aprobados los allanamientos, la expresidenta solicitó resguardo de su intimidad y que se prohíba la presencia de cámaras durante los procedimientos, reclamos que no fueron tomados en cuenta por la Cámara alta.

Poco después del inicio del operativo, el abogado de Kirchner, Carlos Beraldi, salió del edificio denunciando que había sido obligado a retirarse del lugar por orden del juez.

«Estamos frente a una farsa, en clara violación de los principios del estado de derecho. Vamos a pedir la nulidad del operativo. Yo abrí la puerta (del departamento). Puse a disposición el domicilio para que sea revisado. Voy a denunciar penalmente al juez», dijo Beraldi antes de retirarse visiblemente furioso.

Kirchner no se encuentra en el apartamento, que tiene unos 250 metros cuadrados y está ubicado en el quinto piso del edificio, ya que pasó la noche en el domicilio de su hija Florencia, confirmó su abogado Gregorio Dalbón.

Kirchner, de la corriente de centro-izquierda peronista y quien sucedió a su esposo Néstor Kirchner en la presidencia en 2007, es la persona de más alto rango involucrada en el escándalo conocido como «los cuadernos de la corrupción», que indaga presuntos sobornos de importantes empresarios entre 2005 y 2015 para obtener contratos de obra pública.

Según los cálculos iniciales, la trama de sobornos podría alcanzar a los 160 millones de dólares.

Inspección en el convento

Paralelamente, la policía realizó este jueves una inspección ocular en un convento de monjas a las afueras de Buenos Aires, donde en 2016 el ex viceministro de Obras Públicas José López fue capturado in fraganti cuando intentaba ocultar allí bolsos con ocho millones de dólares en efectivo. López, detenido desde entonces y en pleno juicio oral por aquel episodio, ha comenzado a colaborar en la causa de los «cuadernos de la corrupción».

La causa judicial de los «cuadernos» se inició hace menos de un mes sobre la base de apuntes tomados por un exchofer del ministerio de Planificación, Oscar Centeno, quien supuestamente hizo durante diez años (2005-2015) recorridos por Buenos Aires para llevar y traer bolsos cargados de millones de dólares.

El departamento de Kirchner en Buenos Aires, así como la residencia presidencial de Olivos y la Casa Rosada, sede del gobierno, figuran en esos cuadernos como puntos de entrega de los bolsos. A los apuntes del chofer se agregaron las confesiones de varios empresarios detenidos que decidieron acogerse ante la justicia a la figura del arrepentido, y más recientemente dos exfuncionarios de la gestión kirchnerista.

Desapego

En el discurso ante el Senado, Kirchner reiteró que el proceso en su contra tiene como motivación apartarla de la política. «Si algo faltaba para consagrar la persecución política en Argentina era esta causa. Voy a ser la primera senadora allanada», aseveró.

Germán Garavano, ministro de Justicia del gobierno del presidente Mauricio Macri, dijo este jueves que ve en la expresidenta «un profundo desapego a lo institucional y un profundo rechazo a la justicia».

De su lado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que Macri «tomó la decisión desde el primer día de que haya total independencia del poder judicial, de la prensa y de aquellos actores que puedan proveer información».

«Allanamiento abstracto»

Gregorio Dalbón, otro abogado de la exmandataria, consideró antes del operativo que el allanamiento en su departamento de Buenos Aires «será abstracto, negativo».

«No van a encontrar más que efectos personales de la senadora. Esto es un circo, es abstracto porque no es sorpresivo», dijo Dalbón.

El abogado ofreció además «alcanzar al juez, si no los tiene, los instrumentos técnicos para que se puedan observar paredes, techo, piso, con escáner láser, para que no le rompan el departamento a la senadora, lo que sería una provocación y no es necesario».