El Gobierno venezolano anunció hoy que investiga la “presunta complicidad” de funcionarios de las embajadas de México, Colombia y Chile en el país en el atentado con explosivos del cual salió ileso a principios de agosto pasado el presidente, Nicolás Maduro, y por el cual hay 28 detenidos.
A través de un comunicado, la Cancillería venezolana señala que “funcionarios de las embajadas de Colombia, Chile y México presuntamente prestaron o habrían estado dispuestos a prestar colaboración” a varios de los involucrados en el atentado, una información que ya divulgó ayer el Gobierno de Maduro.
Los Gobiernos de Colombia, Chile y México rechazaron de forma inmediata estas acusaciones que “carecen de todo fundamento”, según dijo el domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Pero al Gobierno venezolano le “llama la atención el tono y argumentos empleados” por Colombia, Chile y México, “que en lugar de aclarar las circunstancias que han denunciado los terroristas confesos, al involucrar a agentes diplomáticos de sus respectivos países con sus planes de fuga, tienden por el contrario a victimizarse”.
La Cancillería venezolana dice en su comunicado que “la reacción de negación a priori observada por los Gobiernos de Colombia, Chile y México pareciera más bien una huida hacia adelante, cuyo análisis elemental lleva a prefigurar total desinterés hacia cualquier investigación objetiva con el propósito de ocultar vínculos y responsabilidades”.
El atentado contra Maduro ocurrió el pasado 4 de agosto, cuando el jefe de Estado venezolano presidía un acto con militares en Caracas y dos drones cargados con explosivos detonaron cerca de la tarima presidencial sin causar víctimas fatales.
Maduro acusó entonces al saliente presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al ex jefe de la Cámara venezolana, Julio Borges, y a la “ultraderecha” de ambos paísespor el ataque, que dejó 7 heridos.
Por estos hechos hay 28 detenidos, entre ellos el diputado opositor Juan Requesens, y el Gobierno venezolano ha solicitado a Colombia la extradición de Borges, así como de otras personas a Estados Unidos y Perú
