La brasileña Odebrecht ofreció al Estado mexicano pagar una reparación de 18 millones de dólares -menos de la tercera parte de las multas impuestas en México- y dar información sobre casos de sobornos en el país, a cambio de poder celebrar otra vez contratos de obras públicas, según un borrador del acuerdo visto por Reuters.
En la propuesta presentada a la Procuraduría General de la República (PGR) hace unas semanas, que fue rechazada por el Gobierno de México, Odebrecht pedía que el trato se mantuviera confidencial y que, tanto la PGR como la Secretaría de la Función Pública (SFP), desistieran de iniciar futuras acciones en su contra.
La SFP, el ente contralor de la administración pública, ha multado desde fines del año pasado a dos filiales de Odebrecht en México con casi 57 millones de dólares por sospechas de corrupción y las inhabilitó hasta por cuatro años para participar en contratos públicos.
Las pesquisas penales se encuentran estancadas en México ya que la PGR no ha podido acceder a los documentos que reposan en Brasil y que contienen detalles del caso mexicano.
A principios de octubre, el subprocurador especializado en la Investigación de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz, dijo a medios locales, sin explicar el motivo, que desde Brasil se habían negado «en diversas ocasiones» a darle los documentos.
En algunos países donde Odebrecht confesó haber repartido millones de dólares en sobornos, las investigaciones avanzaron gracias a acuerdos similares al que la empresa con sede en San Salvador de Bahía ofreció a las autoridades mexicanas.
Odebrecht confesó a fines del 2016 en una corte de Estados Unidos que pagó 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos para conseguir contratos de obras públicas entre 2010 y 2014.
En un video aparecido en medios locales, un exfuncionario de Odebrecht señaló al entonces director de la estatal Pemex, Emilio Lozoya, de ser uno de los destinatarios de parte del dinero. Lozoya, quien se encuentra libre en México, ha negado reiteradamente las acusaciones y Pemex ha dicho que se encuentra investigando los contratos bajo sospechas de corrupción.
En el mismo documento en el que pedía que se levanten las multas y sanciones en su contra, la firma proponía que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no le ejecutara cuentas por cobrar que tiene con la petrolera estatal Pemex, de donde la SFP dijo que se cobraría parte de los 56.8 millones de dólares que adeuda Odebrecht al erario en multas.
Un portavoz de la PGR confirmó, sin dar detalles del borrador, que no se llegó a un acuerdo con Odebrecht. Una fuente de la SFP dijo que «no se está valorando ningún acuerdo reparatorio (ya que) es un tema del ámbito penal que no corresponde revisar a la Secretaría de la Función Pública».
Sin pormenorizar, Odebrecht dijo a Reuters en un correo electrónico que en los últimos meses hubo reuniones entre sus representantes y autoridades mexicanas pero «las negociaciones no avanzaron hasta la formalización de un acuerdo».
«(Odebrecht se compromete a) cooperar y colaborar con las autoridades mexicanas competentes con la finalidad de aportar información y datos de corroboración requeridos para aclarar los hechos y reparar los posibles daños que hayan sido causados al Estado mexicano», dice el borrador presentado a la PGR.
Sin avances
A pesar de que la brasileña admitió haber pagado millones de dólares para lograr contratos desde el río Bravo hasta Tierra del Fuego, ningún funcionario ha sido puesto tras las rejas en México, a diferencia de la mayoría de los países de la región.
La PGR asegura que ha interrogado a exfuncionarios de Pemex como parte de una investigación sobre el escándalo de corrupción, pero no ha hecho públicos los detalles ni ha dicho cuándo terminarán las pesquisas a menos de dos meses de que un nuevo gobierno tome posesión.
La PGR ya se había negado a firmar otro acuerdo reparatorio con Odebrecht, a mediados del año pasado, antes de que la SFP multara a la empresa. En ese momento, dijo que lo hacía porque «bajo ningún supuesto inhibirá el sancionar administrativa y penalmente a los exfuncionarios y/o funcionarios públicos involucrados».
Fuentes gubernamentales consultadas por Reuters aseguraron que si la SFP no forma parte del nuevo acuerdo propuesto, la PGR tiene poco que ofrecer a Odebrecht por lo que dudan que se logre un convenio antes de que el presidente Enrique Peña Nieto ceda la posta al izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
Autoridades del próximo gobierno, que asumirá el 1 de diciembre, dijeron recientemente a Reuters que la gigante brasileña no será invitada a participar en las obras públicas planeadas para el próximo sexenio.
