El Gobierno del Reino Unido dejó claro que siempre defenderá la soberanía del peñón de Gibraltar en las negociaciones sobre la futura relación de su país con la Unión Europea (UE) tras la retirada del Reino Unido del bloque en 2019.
El acuerdo general de la salida británica, que se espera sea aprobado este domingo por el Consejo Europeo, hace referencia a la negociación y aplicación de pactos entre la UE y el Reino Unido más allá del periodo de transición, que terminará a finales de 2020.
El artículo 184 de este documento ha contrariado al Gobierno español, porque no garantiza expresamente que tendrá poder de decisión en cualquier negociación futura relacionada con Gibraltar, ni que el consenso se establecerá entre Madrid y Londres.
España considera ambiguo ese punto y exige que se modifique, mientras que el Reino Unido y, en particular Gibraltar, muestran reticencias a cambiar o añadir palabras al texto.
La posición del Gobierno británico es que al negociar la futura relación comercial futura con la UE, durante el periodo de transición, tendrá en cuenta los intereses de toda «la familia del Reino Unido», es decir las cuatro regiones británicas, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, más los territorios dependientes, entre ellos el peñón de Gibraltar.
El Ejecutivo de Theresa May es reticente a modificar los términos del artículo por temor a que otros países exijan lo mismo sobre otros aspectos del principio de acuerdo y también para no dar alas a las demandas de algunos conservadores euroescépticos que insisten en renegociar el pacto del «brexit», con el que están en desacuerdo.
Como parte del entendimiento entre las partes, Gibraltar alcanzó esta semana en Madrid un preacuerdo bilateral sobre el Peñón, de forma paralela al texto general del «brexit» entre Londres y Bruselas.
Se trata de cuatro memorandos de entendimiento y un acuerdo fiscal sobre la relación entre España y la colonia británica tras la retirada del Reino Unido de la UE.
Ese preacuerdo contempla puntos más sensibles, como la fiscalidad, los derechos de los trabajadores transfronterizos, la lucha contra el contrabando, la protección del medioambiente y la cooperación policial.
