El juicio del nuevo pedido de libertad del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva quedó interrumpido y aplazado sin fecha este martes poco después de iniciarse en la corte suprema de Brasil, a pedido de uno de los jueces.
«El juicio del HC (habeas corpus) pedido por la defensa del ex presidente Lula es interrumpido por solicitud de más tiempo para analizar del ministro Gilmar Mendes», informó el Supremo Tribunal Federal (STF) en su cuenta de Twitter.
Este nuevo pedido de habeas corpus debe ser analizado por cinco de los 11 jueces que componen la alta corte brasileña, y será aceptado o rechazado cuando se forme la mayoría de tres.
Los abogados del ex mandatario de izquierda (2003-2010) argumentan que el juez Sergio Moro, autor de su condena en primera instancia, actuó por «motivaciones políticas».
Según ellos, el hecho de que el magistrado aceptara a comienzos de noviembre la invitación del ultraderechista Jair Bolsonaro para convertirse en su ministro de Justicia a partir del 1 de enero pone en duda su imparcialidad.
Este martes, los dos primeros jueces en intervenir, Edson Fachin y Carmen Lúcia, se pronunciaron contra la libertad de Lula, desmontando los argumentos de la defensa.
Pero el juicio quedó interrumpido por el pedido de Mendes, el tercero en pronunciarse, sin que fijara una fecha para poder tener su veredicto.
Lula, de 73 años, purga desde abril una pena de 12 años y un mes de prisión en Curitiba (sur) por corrupción pasiva y lavado de dinero, tras ser condenado por recibir un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favorecer a una constructora con contratos con la estatal Petrobras.
Además del caso del apartamento, el ex presidente es investigado en otros cinco procesos ante la justicia brasileña.
Lula, que vio inhabilitada su candidatura a las presidenciales de octubre lanzada desde la cárcel, se declara inocente en todas las causas y víctima de una persecución política y judicial.
Para sus defensores, el juez Moro le condenó con el objetivo de impedir su elección y acceder así al cargo de ministro en el futuro gobierno de Bolsonaro.
La semana pasada, la fiscal general de la República, Raquel Dodge, se pronunció en contra de la concesión de este habeas corpus por considerar sus argumentos «infundados», ya que Moro dictó su condena en julio de 2017, cuando la elección de Bolsonaro se consideraba todavía como altamente improbable.
