Las principales ciudades bolivianas amanecieron este jueves bloqueadas, en una jornada de protesta nacional convocada por asociaciones civiles para oponerse a la postulación a un cuarto mandato sucesivo del presidente Evo Morales, en el poder desde 2006.
Grupos de activistas bloquearon las calles con banderas bolivianas y pancartas con la leyenda «Bolivia dijo No», en referencia al referéndum de 2016 en el que se consultó sobre la reelección de Morales, interrumpiendo el tráfico de vehículos en ocho de las nueve mayores ciudades, pese a lo cual el comercio y la banca continuaban con sus labores habituales.
El expresidente Carlos Mesa (2003-2005), principal eventual contendor de Morales en las elecciones previstas para octubre de 2019 según sondeos de medios, arengó a desplegar «una batalla democrática que vamos a ganar», luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) falló a favor de habilitar la candidatura de Morales en una votación dividida.
Con el fallo, el TSE puso «en duda las bases de la democracia» y estableció «un futuro incierto para los bolivianos», advirtió el miércoles la influyente Iglesia católica en un comunicado.
La contundencia de la medida, especialmente en barrios de clase media y alta de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Electoral, la participación ciudadana no fue masiva.
Miles de personas, entre empleados y estudiantes, hacían filas en la estación de teleférico de la exclusiva zona sur para transportarse hacia el centro de La Paz, pues otros medios, como el servicio municipal de autobuses, estaban en paro.
Imágenes de televisión mostraron que las protestas fueron más contundentes y masivas en Santa Cruz, en el este del país, cuyo gobernador, Rubén Costas, lidera la oposición a Morales.
La jornada de protesta era menos contundente en las ciudades de El Alto, vecina de La Paz, y Oruro (sur), habituales bolsones electorales de Morales.
Mientras, tres caminatas que partieron a principios de semana desde las provincias tienen previsto llegar este jueves a La Paz para unirse a manifestaciones públicas.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dejó «claramente establecido que el paro cívico de 24 horas no será objeto de interferencias de ninguna naturaleza».
«Las manifestaciones de observación, de rechazo y posicionamiento político (contra el gobierno) merecen todo nuestro respeto y garantías», agregó.
En tanto, en otros lugares de La Paz, como en las afueras del TSE, se desarrollan protestas de activistas, algunos de los cuales ataron sus brazos extendidos en maderos que asemejan una cruz.
