Madrid y Barcelona acercan posturas de cara al Consejo de Ministros del próximo viernes, en el que las principales agrupaciones independentistas ciudadanas pretenden paralizar la región para cercar al gobierno español, del socialista Pedro Sánchez. Tras una serie de negociaciones, finalmente el Ejecutivo español y el gobierno catalán, del nacionalista Quim Torra, anunciaron un pacto para celebrar una reunión bilateral en la que se abordarán cuestiones de la financiación autonómica, el apoyo a los presupuestos general del Estado y al conflicto político que vive la región desde hace un año.
El próximo 21 de diciembre se cumplirá un año de las elecciones autonómicas más anómalas en la historia de Cataluña: fueron celebradas bajo el control de las instituciones catalanas por parte del entonces gobierno español, del derechista Mariano Rajoy, que decidió aplicar por primera vez en la historia el artículo 155 de la Constitución para intervenir Cataluña tras la declaración fallida de independencia del 27 de octubre del 2017. El presidente Pedro Sánchez asumió el poder en junio y una de sus primeras iniciativas fue recuperar el dialogo con las autoridades catalanas, para lo que decidió convocar a las pocas semanas de asumir el cargo una reunión del Consejo de Ministros en Barcelona.
La intención era acercar posturas y trabajar junto con el gobierno catalán por los problemas que afectan a la ciudadanía, sin embargo la reunión coincidió con un momento de enorme tensión entre Madrid y Barcelona. Y con el inicio del juicio en el Tribunal Supremo contra 18 de los líderes independentistas que llevaron a cabo el proceso de independencia, de los cuales nueve se encuentran encarcelados y otros tantos fugados en otros países europeos, entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont.
A sólo dos días para la reunión ministerial en Barcelona, Madrid y Barcelona anunciaron que habían decidido celebrar una especie de reunión bilateral de los respectivos gobiernos el próximo jueves, con lo que el gobierno español cedió a una de las principales reivindicaciones del independentismo. Que era precisamente celebrar una cumbre bilateral de todos los ministerios y consejerías, en la que se hable de todo, incluida las reivindicaciones soberanistas del pueblo catalán.
En el acuerdo se decidió llevar a cabo una reunión de los presidentes de España y Cataluña en el Palacio de Pedralbes, que es un lugar neutral y en el que también acudirán otros ministros y consejeros y los principales empresarios de la región.
La vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, explicó que “no es una reunión de dos Gobiernos porque el Gobierno es también el Gobierno de Cataluña”, pero desde Barcelona se difundió el acuerdo como un encuentro bilateral para hablar de los asuntos que afectan a Cataluña. También se reunirán la vicepresidenta Calvo con el vicepresidente catalán, Pere Aragonés, así como la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y la consejera de Presidencia de Cataluña, Elsa Artadi.
Desde Bruselas, el presidente Sánchez insistió en que “la celebración en Barcelona es una muestra de respeto a Cataluña. Acercar el consejo a la España autonómica es un gesto de concordia. Estuvimos en Sevilla, vamos a estar en Barcelona y en otras ciudades. Es un reconocimiento a la diversidad territorial admitir que no toda la vida política pasa en Madrid. Es una muestra de cariño a la sociedad catalana”. Mientras que Torra explicó que es una “oportunidad para el dialogo”.
A pesar del acercamiento entre los gobiernos, las plataformas ciudadanas que pugnan por la independencia y la creación de la nueva República catalana mantiene intactos sus planes de protestar en las calles para expresar su repulsa al gobierno español. Los responsables de la policía autonómica catalana, lo Mossos d´Esquadra, advirtieron que el plan de seguridad para mantener el orden el próximo viernes será complicado. Y recordaron a la ciudadanía que “intentar impedir una reunión de ese estilo se considera un delito contra las instituciones del Estado, que es un delito grave que puede alcanzar los cinco años de prisión”.
Mientras tanto, desde Bélgica, donde se encuentra fugado desde hace más de un año el ex presidente Puigdemont, anunció la presentación de una denuncia ante el Comité de Derechos Unidos de la ONU contra el Estado español por la “vulneración de sus derechos políticos”. Entre los dirigentes que presentaron la denuncia se encuentra el propio Puigdemont, los ex consejeros Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y el ex presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez.
