Con la finalidad de “defender la autonomía otorgada por la Constitución”, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la reducción de su presupuesto para este año, así como contra la ley salarial que fija el tope máximo de percepciones para servidores públicos en 108 mil pesos.
En un posicionamiento, el órgano autónomo expuso que la decisión atañe primero a los 500 millones de pesos que se eliminaron de su presupuesto en el debate de la Cámara de Diputados. Y es que tras el análisis y negociación de los legisladores, el Inegi quedó con una bolsa de 129 millones de pesos para este este año.
Ahora el recurso presentado ante la Corte apela “el establecimiento de un techo global de gasto insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica, así como la reducción del monto total de su presupuesto en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone dicha reducción”.
“Ello impide a este Instituto ejercer a cabalidad sus funciones y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica como ya se ha informado”, reprocha el Inegi. En declaraciones previas, Julio Santaella, presidente del Instituto, expuso que esta reducción había provocado la suspensión de 14 encuestas.
Por otro lado, la demanda también se alza contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que reglamenta el artículo 127 Constitucional, para que ningún servidor público gane más que el Presidente.
En particular, subraya el documento, los tabuladores para el personal del Inegi en el Presupuesto de Egresos 2019, “porque adolecen de definiciones que brinden certidumbre sobre cómo deben determinarse las remuneraciones de los servidores públicos del Inegi, en su calidad de órgano constitucional autónomo con alta especialización técnica”.
Por último, añade que si bien “se reconoce la voluntad” del gobierno federal y legisladores para aplicar una política de austeridad y disciplina en el gasto público, como órgano autónomo el Instituto siempre “ha ejercido el presupuesto que se le asigna cada año atendiendo a los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público”. Es por ello que la interposición de “la demanda de controversia constitucional tiene el propósito de salvaguardar la autonomía otorgada al Inegi para estar en condiciones de cumplir con el mandato de la Carta Magna de nuestro país”.
Con ello, el organismo presidido por Julio Santaella se suma a otros órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional Electoral que han enfilado recursos legales contra la reducción de los salarios y la austeridad presupuestaria; así como el Banco de México, que lo ha hecho únicamente sobre la ley salarial.
