La Auditoría Superior de la Federación entregará a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el informe de resultados de la fiscalización superior a la cuenta pública 2017.
En su cuenta en Twitter, @ASF_Mexico, la institución fiscalizadora se sumó a la tendencia en redes sociales, de enviar mensajes cortos y directos.
“Seré breve: Hoy Tercera Entrega de Resultados #Fiscalización #CuentaPública 2017”, apuntó.
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⠀⠀⠀ Seré breve:Hoy Tercera Entrega
de Resultados #Fiscalización #CuentaPública 2017⠀⠀
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⠀— Auditoría Superior (@ASF_Mexico) 20 de febrero de 2019
El paquete de informes incluye un total de mil 675 auditorías, así como una informe general ejecutivo que integra los principales hallazgos, las áreas de riesgo identificadas en la fiscalización y recomendaciones que podrían ayudar a mejorar la gestión financiera y el desempeño de los entes auditados.
El reporte será entregado por el auditor superior David Colmenares. Entre los temas relevantes a los que se dio seguimiento en 2017, la ASF identificó rubros como el proceso de reconstrucción por los sismos y fenómenos meteorológicos; los proyectos de infraestructura con inversión pública y privada; la fiscalización a fideicomisos; así como las contrataciones al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en especial celebradas con instituciones de educación superior, lo que podría estar relacionado con el mecanismo de desvío a través de la triangulación de recursos públicos, mejor conocido como “Estafa maestra”.
De acuerdo el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, se llevaron a cabo 11 revisiones de tipo forense, en las que se encontraron evidencias de mal uso de recursos, afectación a la hacienda pública y que serían merecedoras de denuncias penales.
De dichas revisiones, tres aplicaron a instituciones de públicas de educación superior; una a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), cinco a la Secretaría de Agricultura (SAGARPA), una a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), y una más a una entidad federativa.
En tanto, el órgano fiscalizador también trabaja en la revisión a la cuenta pública 2018, que incluye un total de mil 572 auditorías. De esas, dos son auditorías de desempeño del Poder Legislativo; ocho corresponden al Poder Judicial; nueve a órganos autónomos; 505 al Poder Ejecutivo; y la mayoría, mil 48, a entidades federativas y municipios. La fiscalización a la última cuenta pública del gobierno anterior, incluye 15 auditorías de tipo forense, en las que se presume hubo daño al erario por uso irregular del mismo, y que podrían derivar en denuncias penales.
De dichas revisiones, una corresponde a la Secretaría de Gobernación (SEGOB); ocho a instituciones públicas de educación superior.
Una más se aplica a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); otra a las aportaciones de seguridad social; tres a la Secretaría de Agricultura (SAGARPA); y una más a empresas productivas del Estado.
