Este martes, la Administración de Trump dio otro paso drástico para desalentar a los migrantes de buscar asilo, emitiendo una orden que podría mantener a miles de ellos en la cárcel por tiempo indefinido mientras esperan una resolución de su solicitud de asilo.
En un esfuerzo por cumplir con la promesa del Presidente Trump de poner fin al plan de «captura y liberación» en la frontera, la orden del Fiscal General, William P. Barrg, instruye a los jueces de migración no permitir que algunos migrantes que han solicitado asilo obtengan libertad bajo fianza.
La orden no entrará en vigencia sino en 90 días, y es casi seguro que será impugnada en un tribunal federal. Pero los abogados de derechos de los migrantes dijeron que podría socavar enormemente los derechos básicos de las personas que buscan seguridad en los Estados Unidos.
«Quieren enviar un mensaje de que los detendrán», dijo Judy Rabinovitz, subdirectora del proyecto de derechos de los migrantes en la Unión Americana de Libertades Civiles. «Es realmente obsceno. Estamos hablando de personas que huyen por sus vidas, buscando seguridad. Y nuestra respuesta es simplemente encerrarlos «.
Durante más de una década, a los migrantes que se considera que tienen un «temor creíble» de persecución en sus países de origen se les ha permitido solicitar una audiencia de fianza para que puedan ser puestos en libertad bajo fianza mientras esperan que se escuche su caso de asilo, a veces meses o años después.
Un juez federal en Washington este mes afirmó los derechos de las personas con una solicitud de asilo de buena fe, diciendo que se les debe dar la oportunidad de solicitar la fianza dentro de los siete días de su solicitud.
Pero la orden de Barr se produjo en un caso que involucró a un hombre indio que cruzó los Estados Unidos desde México y solicitó asilo. Barr, ejerciendo su autoridad como el principal funcionario que supervisa los tribunales de inmigración, dijo que los migrantes en casos similares no tienen derecho a la fianza.
«Después de establecer un temor creíble de persecución o tortura, no es elegible para ser liberado bajo fianza», escribió Barr en su orden, que anula un caso anterior de la Junta de Apelaciones de Inmigración de 2005.
Un migrante que busca asilo aún puede pedir al Departamento de Seguridad Nacional que sea liberado bajo una concesión de libertad condicional, pero eso es totalmente a discreción del departamento, que en la Administración de Trump ha recortado drásticamente la libertad condicional.
La decisión de Barr no afecta a los migrantes que solicitan asilo en una de las dos docenas de puertos de entrada a lo largo de la frontera con México. Afecta a las personas que son detenidas después de cruzar ilegalmente a los Estados Unidos en los extensos tramos rurales de la frontera.
La orden de Barr es el último esfuerzo del Gobierno de Trump para reducir la cantidad de migrantes que pueden buscar protección contra la violencia, la pobreza y las pandillas al solicitar un estatus legal en los Estados Unidos.
En un reciente mitin de campaña, Trump dijo que algunas de las solicitudes de asilo eran «grandes estafas» y que los migrantes fueron recibidos en la frontera por abogados ansiosos por presentar esas solicitudes. En advertencia de la próxima represión, el Presidente dijo: «No estoy jugando».
El Presidente Trump ha reducido la cantidad de refugiados que pueden ser aceptados cada año. Ha ralentizado el procesamiento de solicitudes de asilo en los puertos de entrada, y ha ordenado que se obligue a algunos solicitantes de asilo que esperen en México, en lugar de en los Estados Unidos, mientras se escucha su caso.
Las autoridades dicen que el objetivo del enfoque de línea dura es disuadir a los migrantes de intentar llegar a los Estados Unidos en primer lugar. Pero las políticas de la Administración, algunas de las cuales han sido bloqueadas en los tribunales, no han logrado detener la ola de llegadas en los últimos meses.
Una oleada de migrantes de América Central, muchas de las cuales son familias que viajan con niños pequeños, ha abrumado a la Patrulla Fronteriza y otras autoridades en comunidades a lo largo de la frontera suroeste. Las instalaciones para detener a inmigrantes ilegales están muy por encima de su capacidad, lo que obliga a las autoridades a liberar a algunos inmigrantes poco después de ser detenidos.
La decisión de Barr podría aumentar la crisis de hacinamiento en los centros de detención de migrantes al exigir a los jueces que mantengan a los solicitantes de asilo en la cárcel por períodos más largos. En su orden del martes, Barr pareció reconocer la realidad de la crisis del espacio de detención.
«Retrasaré la fecha de vigencia de esta decisión por 90 días para que la Secretaría de Seguridad Nacional pueda llevar a cabo la planificación operativa necesaria para la detención adicional y las decisiones de libertad condicional», escribió Barr en la orden de 11 páginas, que se publicó públicamente este martes por la noche.
La decisión de Barr no afecta a los niños o familias no acompañados que cruzan ilegalmente a los Estados Unidos. Un acuerdo en un caso judicial anterior dice que el Gobierno no puede detener a niños o familias por más de 20 días.
Pero los abogados de derechos de los migrantes dijeron que la orden de Barr, si entra en vigencia, podría sentar un precedente que el gobierno podría usar para negar las audiencias y la fianza de un número aún mayor de inmigrantes.
«Eso es lo que el mantra de Trump es: terminar con la captura y la liberación», dijo Rabinowitz. «¿Qué significa eso? Son los seres humanos. No estamos hablando de un juego del gato y el ratón».
Rabinowitz y otros abogados de migración dijeron que tienen la intención de impugnar rápidamente la orden de Barr en el tribunal federal al pedirle al juez en el caso del Estado de Washington que amplíe su fallo para evitar que la orden de Barr entre en vigor.
Los abogados dijeron que podrían estar en el tribunal el miércoles para impugnar la orden del Fiscal general.
El Departamento de Justicia se negó a comentar más allá del texto de la decisión de Barr.
Debido a que los tribunales de migración se encuentran en el Departamento de Justicia, no en el Poder Judicial, el Fiscal General tiene la autoridad de referirse a los casos y anular las decisiones.
En octubre pasado, a menos de un mes antes de que fuera expulsado de la Administración, el ex Fiscal General Jeff Sessions solicitó revisar el caso, conocido como «Asunto de M-S-«, para determinar si los migrantes con solicitudes de asilo creíbles deberían poder pagar una fianza y entrar en los Estados Unidos.
Apenas unos meses antes de asumir el caso, Sessions anuló otra decisión de la corte de apelaciones de migración y dificultó que las víctimas de abuso doméstico o violencia de pandillas buscaran asilo.
La decisión de Barr es un indicio de que la represión de la migración sigue siendo una prioridad máxima a pesar de la partida de Sessions, quien había sido un feroz defensor de leyes de migración más duras durante más de dos décadas.
Barr, quien fue confirmado en febrero, decidió que conforme a la ley, los migrantes con solicitudes de asilo pendientes deben ser detenidos, una decisión que revocó una decisión de apelación de migración en un caso llamado «Asunto de X- K-«.
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