El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó su preocupación por la situación sobre los procesos de arbitraje, los cuales calificó de realizarse de manera unilateral, iniciados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de los contratos de transporte de gas natural con empresas privadas.
En un comunicado, el CCE afirmó que las acciones pudieran afectar la puesta en operación del gasoducto marino sur de Texas-Tuxpan, que permitiría llevar el energético a la zona sur-sureste del país, por lo que, “este hecho incrementa la incertidumbre en torno a las inversiones en nuestro país e impacta negativamente a la economía”.
El posicionamiento del CCE se da luego de que hoy se diera a conocer que la CFE demandó a una subsidiaria de Grupo Carso la nulidad de cláusulas del contrato para la construcción del gasoducto Salamanca-Sásabe.
Además, ayer, IEnova y TransCanada informaron sobre el arbitraje que la Comisión les impuso en la construcción del gasoducto Texas- Tuxpan.
En su boletín, el CCE agregó que la decisión de detener la puesta en funcionamiento del gasoducto y el inicio del arbitraje, impactan a México, Estados Unidos y Canadá, al tener inversión conjunta en la infraestructura.
Además, sostuvo que estos hechos afectan la relación comercial entre los tres países e inciden en el proceso de aprobación del T-MEC que se realiza actualmente.
Detalló que a nivel nacional, la construcción del gasoducto marino Sur responde a la necesidad de llevar el energético a los estados donde más se requiere, como Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, para impulsar su desarrollo económico, la generación de empleo y el bienestar de las comunidades.
“Asimismo, el gas natural es fundamental para la generación eléctrica. Especialmente en el contexto actual de la Península de Yucatán, el contar con este energético permitiría a las centrales de generación de electricidad propiedad de la CFE operar con mayor capacidad y garantizar el suministro para la población. Además, permitiría satisfacer las necesidades futuras de la industria nacional de la petroquímica, el turismo y el sector hotelero, por mencionar algunos”, detalló.
También consideró que obras de esta magnitud no deberían frenarse por diferencias contractuales, mientras se dirimen en las instancias correspondientes, “esto generaría profunda preocupación entre los inversionistas al no contar con certeza jurídica y capacidad de planeación para el desarrollo de los proyectos que se requieren para garantizar el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar del país y de los mexicanos”.
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— CCE (@cceoficialmx) 27 de junio de 2019
Finalmente, sostuvo que estas acciones de la CFE van en contra del compromiso que el Consejo Coordinador Empresarial realizó con el presidente Andrés Manuel López Obrador para fomentar la inversión, el empleo y el crecimiento económico, “en el que el sector privado se comprometió a aumentar sus inversiones y el gobierno a facilitarlas”.