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AP

Estudiantes guatemaltecos, algunos con el rostro cubierto, tomaron indefinidamente la única universidad estatal del país para protestar contra un acuerdo migratorio con Estados Unidos, así como para demandar mayor presupuesto para la educación superior.

Cientos de universitarios bloquearon los ingresos al campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en la periferia sur de la capital, provocando congestionamiento vehicular.

El Colectivo Estudiantil Universitario (CEU) indicó en un comunicado que rechaza la ratificación del cuestionado acuerdo entre Guatemala y Washington para recibir a migrantes de otros países que pretenden llegar a Estados Unidos.

“Yo amo la Usac”, se leía a la entrada a la institución, cuyos portones de acceso fueron cerrados por los estudiantes.

El acuerdo migratorio fue firmado el pasado viernes en Washington y, según la Casa Blanca, convierte a Guatemala en “tercer país seguro”.

Con ello, las personas que aspiren a pedir asilo en Estados Unidos y pasen antes por Guatemala deberán hacer su solicitud en el país centroamericano.

Guatemala, sin embargo, insiste en negar esa tipificación y define lo firmado como un acuerdo de cooperación relativo “al examen de solicitudes de protección”.

Inicialmente la firma estaba prevista para el 15 de julio entre los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y Estados Unidos, Donald Trump, pero Morales suspendió su visita a Washington luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) indicara que el pacto no se atenía a las leyes vigentes en el país centroamericano.

Tras esa cancelación, Trump amenazó a Guatemala con gravar sus exportaciones y las remesas que envían los migrantes a sus familiares.

El convenio ha sido duramente criticado por diferentes sectores que advierten que Guatemala carece de infraestructura y recursos económicos para cumplir los compromisos. Casi 60% de los 17.7 millones de habitantes del país son pobres.

Numerosos recursos de amparo han sido presentados ante la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, para revertir el acuerdo, que algunos consideran ilegal porque no ha sido ratificado por el Congreso.