La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, refrendo ante senadores que la llamada “Ley Bonilla” a su juicio es inconstitucional, pero dejó claro que la dependencia a su cargo no puede intervenir y será la Suprema Corte de Justicia la que determina su regularidad y su presunta invalidez.
Ello, en respuesta a la senadora del PRI, Beatriz Paredes, quién alertó sobre los riesgos de “tentaciones separatistas” , con “un gobernadorcito frívolo” de Baja California, “pueda creerse un pequeño presidente”.
La senadora priísta agregó que se está entrando en un terreno peligroso para toda la federación. “Se puede proponer la prolongación del mandato, después algún otro estado de la república propondrá la reelección inmediata y a partir de esos intentos reeleccionistas, podemos cambiar la naturaleza de la democracias y el pacto federal”.
Durante su comparecencia ante el pleno del Senado –donde acudió para la glosa del primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador- la titular de Gobernación respondió a la senadora Paredes que comparte la mayor parte de sus planteamientos, pero a ella “no le toca” resolver el problema de la Ley Bonilla.
Sánchez Cordero insistió en que la Secretaría de Gobernación no puede entrometerse ni interferir en decisiones de los congresos locales. Tendrá que ser la Suprema Corte, insistió, la que determine la Constitucionalidad y la valides de la ley que amplió el período del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla.
Antes, en su intervención inicial, Sánchez Cordero señalo que la nueva visión de la política interior implica “no más subordinación. No más imposición. No más controles, desde el centro”. Visión que, agregó, se expresa de manera cotidiana en la relación de la Secretaría de Gobernación con las entidades federativas, con los poderes judiciales federal y locales”.
La funcionaria refrendó el carácter laico del Estado mexicano y aclaró que no está en la agenda del gobierno federal proponer ningún cambio constitucional ni legal en esa materia.