Mientras la capital y otras ciudades de Chile ayer volvían a ser un hervidero de incidentes, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, echó por tierra las pretensiones gubernamentales de que los tribunales de justicia actúen, sin mayores pruebas incriminatorias, con mayor dureza contra los manifestantes que son detenidos por la policía, para que los mantengan en prisión preventiva y así sacarlos de las calles.
“El hecho de formar parte de una primera línea en si, como un hecho aislado, no constituye delito. Podría constituirlo si se acreditan determinadas condiciones que es muy difícil hacerlo; si los integrantes de la primera línea robaban, saqueaban, ejecutaban actos vandálicos, maltrataban a carabineros, eso es constitutivo de delitos, (pero) los desordenes públicos son graves desde algún punto de vista, pero no desde un punto de vista penal”, afirmó el magistrado.
También explicitó que delitos como robo en lugar no habitado o daños en infraestructura, tienen penas muy bajas y que sólo para los delitos calificados como graves se comprende la posibilidad de la prisión preventiva. “Los jueces tenemos que aplicar las leyes”, señaló.
La Primera Línea, dicho con mucha simpleza, es el conjunto de hombres y mujeres, de muy variada procedencia urbana, origen social y condición socioeconómica y educacional, que se enfrentan violentamente con los carabineros desde el 18 de octubre pasado, cuando comenzaron las protestas sociales. De acuerdo a la antropóloga Magdalena Claude, “la Primera Línea se organiza en clanes, sin líderes ni coordinación centralizada pues se identifican como un movimiento autoconvocado, cuya primera tarea es defender la marcha de la arremetida policial”.
Las palabras del juez fueron un tapabocas a los airados reclamos gubernamentales contra la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de dejar en libertad a 62 personas (de las cuales 16 menores de edad) detenidas el martes 4 en las inmediaciones de la Plaza Italia (o Plaza de la Dignidad). En los primeros tres días de esta semana más de 300 personas fueron detenidas y apenas el jueves otras 258 (más de 120 en Santiago), en lo que fue presentado por La Moneda (sede del gobierno) como una demostración de la renovada eficiencia con que estaría actuando la policía para prevenir incidentes y desórdenes en la vía pública, en el debut de la denominada “Ley antibarricadas”.
“Por supuesto que el fallo no nos gustó; a nosotros nos parece que la acción policial debe ir acompañada de acciones más rigurosas por parte de la Justicia”, se lamentó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, para quien “el resguardo del orden público requiere la colaboración de todos los poderes y actores estatales: la Fiscalía, el Ministerio Público, el Poder Judicial”.
Pero el Ministerio Público también salió al paso del enojo gubernamental contra las actuaciones judiciales. El fiscal nacional, Jorge Abott, dijo que «a diferencia de lo que ocurre con otros intervinientes, tenemos una obligación que es el principio de objetividad».
“No podemos abandonar ese principio y darle a los hechos una connotación diferente de aquella que tenemos convicción de que son parte; nosotros vamos a los tribunales y a partir de los hechos que nos informa la policía, calificamos jurídicamente esos hechos, pero desde un punto de vista absolutamente objetivo. Es natural que los querellantes quieran las más altas penas y las medidas cautelares más intensas, pero nosotros debemos actuar con mucha prudencia”, contestó.
Mientras, la capital de Chile vivía ayer una caótica jornada de manifestaciones estudiantiles que significó el cierre de decenas de estaciones del metro, la interrupción de la operación de alguna líneas de trenes por estudiantes que coparon los andenes luego de saltarse los torniquetes de acceso en renovadas acciones de evasión del pago de los boletos. Además, el corte de calles y avenidas, todo ello matizado por enfrentamientos entre alumnos de secundaria y la policía.
