Defensa de la democracia
Agustín Basilio de la Vega
Los cientos de miles de ciudadanos que marchamos el pasado 13 noviembre en más de 50 ciudades de México lo hicimos para defender la libertad y la democracia en nuestro país que está amenazada por la intentona del gobierno de destruir al instituto que todos hemos construido para que los mexicanos podamos votar y elegir libremente a las diferentes autoridades federales, estatales y municipales.
No obstante que el presidente y su movimiento han alcanzado el poder de manera legal y pacífica, quieren cambiar las leyes, las autoridades y la manera de realizar las elecciones. El Instituto Nacional Electoral es el conjunto de normas constitucionales, las establecidas en las leyes y sus reglamentos, los edificios que albergan las oficinas, los sistemas técnicos para elaborar el padrón y las credenciales de elector, los ciudadanos que son funcionarios y servidores públicos, así como todos aquellos que hemos tenido la experiencia de contar los votos en las casillas.
El INE representa en síntesis la lucha de muchas generaciones para lograr que México sea una democracia real aunque “germinal” como dice José Woldemberg pero que ya funciona y que ha hecho que dejemos atrás los tiempos del partido todo poderoso que ganaba todas las elecciones.
Hace apenas tres décadas, en nuestro país no había competencia y ya se sabía quién iba a ganar cualquier elección. No existía la credencial de elector con fotografía, no había un padrón confiable y tampoco contenía las fotos de los electores; en lugar de consejeros ciudadanos eran empleados del gobierno los que organizaban las elecciones. Solo el partido en el poder “el oficial” tenía financiamiento.
La reforma propuesta por López Obrador tiene como efecto regresar a la época en la que el presidente nombraba a las autoridades electorales y se quedaba con todos los diputados, senadores, gobernadores, alcaldes y regidores para exigirles lealtad absoluta (“ciega”).
Las marchas organizadas en todo el país no fueron para defender los sueldos de los altos funcionarios electorales, eso es falso. Lo que se defiende es que quienes estén al frente sean árbitros imparciales, insobornables, honorables y con bastos conocimientos y experiencia en materia electoral. Para ello se requiere que aprueben un proceso de selección en el que se debe tomar en cuenta sus estudios, curriculum y su desempeño en los diversos exámenes que deben presentar.
Sin embargo, Amlo quiere proponer a sus partidariós como árbitros (consejeros y magistrados) y mediante votación de todos los mexicanos que seleccionemos de entre ellos. Eso sería igual a decirle a un amigo que me proporcione el nombre de varios de sus parientes para que alguno de ellos me atienda una muela y luego preguntarles a todos los vecinos de la cuadra donde vivo que me digan con cuál de ellos ir.
En el ejemplo anterior, es posible que mi amigo no tenga parientes médicos y soló sean mecánicos, ingenieros o abogados y no cirujanos dentistas, entonces ¿por quién votarán los vecinos? Las autoridades electorales deben ser especialistas y con experiencia y no recomendados del presidente o de su partido.
Por lo anterior tiene razón Woldemberg cuando dice que a México no le conviene destruir “las destrezas profesionales, los conocimientos adquiridos y el compromiso de los funcionarios que integran los servicios profesionales electorales”.
Gracias a millones de mexicanos desde 1977 hasta el 2014 se ha venido perfeccionando la democracia mexicana y eso ha permitido, desde el 2000, la alternancia democrática incluso en la presidencia de la república. Por eso los mexicanos hemos salido a decir “el INE no se toca”, “todos somos el INE” y “yo defiendo la democracia”.
Twitter @basiliodelavega 14 de noviembre 2022
