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Yolanda Morales.
La calificación de México en Moody’s se encuentra actualmente en el segundo escalón del Grado de Inversión, que es «Baa2/perspectiva estable».
Moody’s advirtió que “podría ser significativo” el impacto que tendrá en la calificación crediticia de México “la reforma constitucional transformadora y controvertida que deteriorará la independencia del Poder Judicial del país”
En un análisis de sector que aún no implica una acción de calificación, enfatizaron que “el cambio constitucional amenaza la independencia e imparcialidad del Poder Judicial de México” y “socavaría la calidad crediticia soberana”.
“La reforma judicial podría debilitar aún más los controles y equilibrios institucionales, lo que repercutiría en otros aspectos clave de la calidad crediticia de México como su fortaleza económica y fiscal”, señaló en el análisis firmado por Mauro Leos, Director Gerente asociado; Arianne Ortiz Bollin, Vicepresidenta de la oficina de crédito y Elena Duggar, Directora Gerente de estrategia crediticia.
Tal como lo hizo un día antes Standard & Poor’s, Moody’s destacó que el desempeño fiscal y políticas macroeconómicas prudentes, respaldan la calidad crediticia de México. Sin embargo, los analistas de Moody’s enfatizaron que “las instituciones más generales han sido una debilidad desde hace mucho tiempo en comparación con otros países que son pares de calificación en “Baa”. Es decir, España; Italia, Bulgaria, Colombia, Chipre, Croacia, Hungría e Indonesia.
La calificación de México en Moody’s se encuentra actualmente en el segundo escalón del Grado de Inversión, que es “Baa2/perspectiva estable”, un nivel que ostenta desde julio del año 2022 e indica a los inversionistas
Según el análisis, “los últimos cambios constitucionales contribuyen a la percepción de fragilidad e ineficacia del marco regulatorio y de aplicación de la ley, lo que lleva a los bancos a ser más cautelosos al momento de expandirse hacia sectores de mayor riesgo”.
También afectará calificación de otros emisores
En el citado análisis, señalaron que “el alcance que tendrá la citada reforma en las calificaciones del resto de los emisores mexicanos como empresas financieras y no financieras así como para las compañías eléctricas y de infraestructura “será más moderado”.
“La incertidumbre jurídica probablemente afectará más a los sectores corporativos de México que dependen de concesiones del gobierno y grandes inversiones. Los cambios en el poder judicial serían particularmente desalentadores para las futuras inversiones que busquen aprovechar las oportunidades de nearshoring”.
Previeron que “en los sectores de minería y telecomunicaciones, la reforma propuesta aumenta el riesgo de terminación anticipada de las concesiones actuales, lo que reduce las perspectivas de crecimiento y retrasa las grandes inversiones”.
Y estimaron que el efecto en la calidad crediticia para las calificaciones de los bancos será “relativamente bajo”, sobre todo por “su enfoque conservador al conceder préstamos a los prestatarios más confiables”.
Impugnada en EU y Canadá
Según el análisis, la reforma judicial también corre el riesgo de ser impugnada por Estados Unidos y Canadá, en particular en lo que respecta al cumplimiento del Tratado entre los tres países, el llamado T-MEC.
“Estas impugnaciones provocarían una polémica revisión del T-MEC en 2026, lo que mermaría aún más la confianza de los inversionistas y la estabilidad económica”.
Refirieron que los embajadores de los socios comerciales de México en este acuerdo, ya han expresado su preocupación por los cambios y afirmaron que estas modificaciones podrían afectar la certeza, la transparencia y el profesionalismo en el manejo de asuntos judiciales.
