De cara a los comicios intermedios del 2015, en que habrán de elegirse 8 gobernadores, 17 legislaturas locales, mil quince ayuntamientos y 500 diputados federales, en la dirigencia nacional priista se han encendido ya las farolas de alerta.

Como es de suponerse, la miseria y la pobreza, la extrema violencia y la inseguridad que vive el país, sobre todo, tras los estremecedores acontecimientos de Ayotzinapa que arrojaron 6 muertos, numerosos heridos y 43 normalistas desaparecidos, ha provocado que el entorno político mexicano se haya enrarecido y se de una tendencia de rechazo al presidente Enrique Peña Nieto y al Partido Revolucionario Institucional.

Excluida de la agenda nacional, al no haber intenciones gubernamentales de remediar la grave situación política, económica y social y ante la nula acción de los llamados representantes populares en las Cámaras de diputados y senadores, se espera que la furia de la ciudadanía se vea reflejada en las urnas en los comicios del 5 de julio próximo, para cobrarse de esa manera los agravios sufridos por parte de un gobierno surgido del Partido Revolucionario Institucional.

Y es que la movilización de la sociedad y su solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa, es un vivo ejemplo del poder que, ante tan dolorosas circunstancias, adquiere la colectividad, donde la militancia partidista pasa a segundo término cuando surge la militancia social.

En ese contexto, analistas serios consideran que numerosos candidatos del PRI a diputados federales habrán de sucumbir en los comicios del 2015 ante la oleada de protestas, de rechazo e indignación que prevalece en la sociedad.

En el caso concreto del Estado de Veracruz, se espera que el coletazo de los últimos acontecimientos que ha vivido el país y que han horrorizado a la opinión pública mundial, sea tan fuerte que altere notablemente la geografía político-electoral, mayoritariamente en manos del Partido Revolucionario Institucional.

Según lo que se consigna en estudios de opinión y sondeos previos, mejor llamados “Encuestas”, de norte a sur, en los 21 distritos electorales federales, la situación política se torna difícil para el Partido Revolucionario Institucional.

Tan es así que ha trascendido que en barridos hechos por la Secretaría de Gobernación Federal, y el CEN del PRI, hay temor en el sentido de que se pierdan los distritos de Acayucan, Córdoba, Xalapa urbano, Xalapa Rural, Coatepec, Boca del Río, Cosamaloapan, Tantoyuca, Cosoleacaque, Huatusco, Veracruz, Poza Rica y Tuxpan, donde la sorpresa la puede dar el nuevo Partido Político

Y es que ante la situación de repudio generalizado a lo que huela a Partido Político y la percepción ciudadana de que la mayoría de los problemas estructurales siguen presentes por culpa de los Institutos Políticos y sus más conspicuos representantes, bien vale la pena señalar que nuestro Estado y sus municipios no son islas que gozan de cabal salud, aunque sus gobernantes vivan en otro mundo ideal.

Y a nivel distrital, donde para efectos electorales, los puñados de municipios (divididos por regiones), las cosas no son muy distintas, y muchos de los precandidatos priìstas impulsados por sus sponsors, padrinos, grupos de interés, cabezas de grupo, de playa y los principales tomadores de decisión, están encontrando un escenario adverso hacia las siglas partidistas del tricolor.

Ante ese panorama, sin embargo, contrasta el optimismo del dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, quien espera que en las elecciones del 2015, en 18 entidades federativas, las demarcaciones distritales electorales, sean ganadas por su partido, “…gracias a las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, sobre todo la energética”.

Mientras tanto, el PRI ha emprendido una agresiva campaña política y publicitaria, en el Valle de México, que incluye diversos regalos, como dinero en efectivo, tarjetas y televisiones, entre otras cosas, para atraerse la adhesión de los electores. El descarado lema priista reza así: “En cada apoyo estamos nosotros”.

Ante la incapacidad ciudadana de impedir decisiones de alto calado del gobierno, como las tomadas dentro de las recientes Reformas aprobadas por el Congreso Federal, o el sentimiento colectivo de impotencia ante la inseguridad pública latente en todo el país, con un énfasis exacerbado ante los recientes acontecimientos de Ayotzinapa, y la situación económica que priva en el país, con alza constante a los combustibles, un bajo poder adquisitivo de las familias en las clases sociales bajas, y el desinterés de los funcionarios de los 3 niveles de gobierno por cambiar su forma de gobernar, entre otros factores, la principal reivindicación democrática que surge, es la democracia procedimental-electoral-delegativa, la que como único mecanismo de construcción de ciudadanía, cumple el propósito de abrir la cerrazón de los sistemas autoritarios; y es la parte medular de lo que se llama “la liberalización del régimen”, que es lo que puede ocurrir en los próximos comicios de julio de 2015.

Y como nuestra democracia se ha constituido en un proceso lento, acumulativo de cambios en la cultura política que registra tres momentos fundamentales: 1989, el triunfo de Acción Nacional en la gubernatura de Baja California; 1997 el triunfo perredista en el Distrito Federal y la constitución del primer gobierno dividido (es decir, el partido del presidente ya no tuvo mayoría absoluta en el Congreso) y el 2000 con el triunfo del PAN en la presidencia de la República.

Empero hay autores que afirman que la nuestra fue una larga transición sin consolidación democrática, y que a la postre, en pleno 2014, (en la víspera de una elección federal intermedia) se torna complicada para el partido en el gobierno por las Reformas del Presidente Peña Nieto que traerán para su partido el Revolucionario Institucional, un alto costo político.

El gran problema para la ciudadanía que hará uso o no de su derecho de sufragar por sus representantes populares, es que después de celebrar los cambios en la esfera electoral, seguirán las preguntas acerca de si con ello basta para vivir mejor.

Y aunque contemos ya con un entramado institucional que garantiza que los procesos electorales se convierten en actividades regulares y no excepcionales. Lo otro, la esfera del bienestar, es lo que se cuestiona, y la percepción de Gobernanza por parte del ciudadano y potencial elector sin duda se erigirá en la espada de Damocles que pende sobre la cabeza del partido tricolor.

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