Un grupo ambientalista y un congresista de Arizona presentaron una demanda para bloquear la construcción del muro del Presidente Donald Trump a lo largo de la frontera con México, reporta The New York Times.
El Centro para la Diversidad Biológica y el representante demócrata Raúl M. Grijalva, parte del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, pretenden así descarrilar uno de los proyectos emblema del Mandatario antes de que arranque.
Grijalva afirmó que la demanda federal, presentada este miércoles en Tucson, establece que la Administración Trump no ha estudiado el impacto ambiental del muro antes de preparar su construcción.
El plan de Trump para blindar la frontera incluye la contratación de 5 mil agentes de la Patrulla Fronteriza, un aumento del 25 por ciento en las filas de la mayor agencia policial del país, remarca el NYT.
La demanda intenta detener cualquier trabajo del muro hasta que el Gobierno acuerde analizar el impacto de la construcción, el ruido, la luz y otros cambios en los ríos, plantas y especies amenazadas -incluyendo jaguares y ocelotes- y también en los residentes fronterizos.
Se trata de la primera acción legal contra el muro, aunque, añade el diario, es uno de los muchos desafíos que enfrenta el proyecto, como quién pagará por él y qué forma tomará.
Un estimado del Departamento de Seguridad Nacional establece el costo del proyecto en casi 22 mil millones de dólares. El presupuesto inicial de Trump -excluyendo una posible partida especial designada por el Congreso- es de 1.4 mil millones para el desarrollo de las primeras etapas del muro.
Propuestas presentadas la semana pasada para la construcción del muro incluyen la inclusión de una pared de paneles solares o un monorriel.
«Trump puede fantasear con el muro, pero al final, es el Congreso el que designa el dinero, y le corresponde al Congreso requerir un análisis independiente para evaluar todas las consecuencias (que traería el muro) antes de tirar dinero a un hoyo», afirmó Grijalva en declaraciones al Times.
Gillian Christensen, Secretaria de Prensa en funciones para el Departamento de Seguridad Nacional, comentó al diario en un correo electrónico que la agencia tiene la política de no hacer comentarios sobre litigios pendientes.
Según la demanda contra el muro, 2001 fue la última vez que el Gobierno federal hizo un estudio formal sobre los efectos que tendría en la frontera el establecimiento de más agentes, vehículos todo terreno, otras barreras, luces y otras medidas de seguridad.
