No se escatimara ningún esfuerzo para llegar a la verdad y la justicia en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al firmar el convenio de colaboración con la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que brinde asesoría y asistencia técnica a la comisión investigadora que busca a los jóvenes.
“El caso que hoy nos congrega ha sido y es la principal preocupación del gobierno que encabeza el Presidente López Obrador por la inmensa trascendencia y significados que tiene para la vida pública mexicana”.
“Si hablamos de un nuevo régimen, más que reformas constitucionales y legales estamos pensando en la verdad y la justicia, y eso sí es un cambio de régimen en México”, expresó Ebrard.
Por ello calificó como muy relevante la presencia y el respaldo de la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet en la firma del convenio de colaboración.
La funcionaria de las Naciones Unidas expresó que el caso Ayotzinapa es paradigmático pues demuestra la gravedad de las desapariciones en México y los retos que enfrenta el país para atender la violación a los derechos humanos.
El objetivo, remarcó Bachelet, es llegar a la verdad y la justicia, a la reparación, y las garantías de no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales, lo cual es una obligación del Estado mexicano.
“A la vez es una oportunidad para potenciar los cambios del fondo en el sistema judicial que permitan alcanzar el anhelo de justicia de quienes han sufrido graves relación a los derechos humanos y saldar deuda histórica que existe con las víctimas de la violencia”, dijo.
Agregó que la firma del convenio es sin duda un llamado a asumir la búsqueda de las personas desaparecidas como una prioridad ineludible.
Los efectos de una desaparición, mencionó, perduran hasta que se establece el paradero, se hace justicia y si perduran “prolonga y amplifica el sufrimiento que se causa a los familiares y personas allegadas y afecta toda la toda la sociedad y también, yo diría, socava la democracia”.
En la firma del convenio estuvieron presentes también familiares de las víctimas de Ayotzinapa, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y los Subsecretarios de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, y la subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado.
