A partir de la denuncia penal que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el incendio de la Guardería ABC hace diez años, el gobierno federal valora si el ex gobernador Eduardo Bours es el único que debe ser acusado o deben ser incluidos 25 funcionarios más de los tres órdenes de gobierno.
En la conferencia matutina en Palacio Nacional, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, señaló: “Estamos en la búsqueda de una solución equitativa, igualitaria, justa”.
Mientras se realizaba la conferencia, fuera del Palacio Nacional padres de las víctimas de la ABC pedían audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Consultado sobre el caso, el mandatario dijo que ya había contacto con los familiares. Encinas informó que había acordado una reunión de los padres con López Obrador, “cuando tengamos agenda”.
Ante la insistencia de reporteros sobre por qué los padres no fueron convocados a Palacio Nacional, López Obrador mencionó que los atenderían Encinas y el director del IMSS, Zoé Robledo. “Se busca la unidad, porque hay desgraciadamente división de los familiares y distintos abogados y distintos procesos. Queremos la unidad de todos y por eso inclusive se decidió esperar las disculpas del Estado ante estos hechos, porque se quiere unidad.
Sin embargo, López Obrador dijo que si los padres se ponen de acuerdo, los recibe hoy mismo. “Lo que aí no quiero es recibir a una parte y que me reclamen. No quiero ser factor de discordía”.
Encinas dijo que se requiere una solución justa y “respetamos la organización de todos”. Agregó que las autoridades tienen pendiente ofrecer una disculpa pública por la falta de justicia en este caso. Los padres han pedido que ese paso ocurra cuando haya ocurrido una respuesta integral a la tragedia.
En el caso del recurso interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, confió en que “podamos avanzar hacia una solución amistosa”.
Día de luto
López Obrador inició la conferencia resaltando que es “día de luto porque se recuerda la pérdida de la vida de niños, bebés de la guardería ABC en Hermosillo: 49 niños, 106 heridos”. Dijo que es un “hecho lamentable que sigue doliendo al pueblo de México y tenemos la obligación de informar a sus familiares sobre lo que está haciendo este gobierno. No olvidemos”, expresó.
El presidente mandó «un abrazo fraterno, sincero, cariñosísimo» a los padres de los niños que perdieron la vida o resultaron con lesiones por el incendio.
Robledo resaltó que hoy la bandera se izará a media asta en todas la depencias en señal de duelo. Además, que habrá simulacro simultáneo en las mil 416 guarderías del IMSS a las 10 horas.
También informó que concluirán las obras del Centro de Atención e Integración Social (CAIS) en Sonora, con acceso para mil 23 familias afectadas, y que realizarán las gestiones para que se incorporen dos representantes de las familias afectadas en el fideicomiso para otorgar ayuda extraordinaria a menores lesionados, maestras y adultos.
Subrayó que debe fortalecerse la denuncia penal que presentó el IMSS el 22 de mayo, tomando en cuenta el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar sobre el caso.
Debe valorarse si el ex gobernador Bours es el único que pudiera ser incluido en la denuncia, por eso se requiere de un ejercicio de la mayor responsabilidad, señaló Robledo. Dijo que en su momento fueron señalados 18 funcionarios de los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, y después siete más.
Riesgos de la denuncia
El presidente mencionó que conoció de cerca este hecho, y recordó que en su momento se aprovechó la tragedia en las elecciones para gobernador de hace diez años.
Dijo que Robledo le pidió «tener cuidado de que se trate de una denuncia formal, no de una farsa, que no esté bien sustentada o que sea para salir del paso. Eso no puede ser. Se mantiene la denuncia, pero se va a reforzar para que se tengan todos los elementos. Como todavía no se ratifica, se van a presentar muchos más, y que haya justicia”.
Garantizó que ni el presidente ni ningún funcionario del Ejecutivo va a intentar inducir una resolución. Sobre una decisión previa de la Suprema Corte que desechó el caso, dijo: “No quiero suponer nada, pero ahora no hay impunidad”.
No se trata, dijo, “de acusar por acusar o de que haya venganzas o que haya consigna, no. Ser justos también significa que se aplique la ley, que no se retuerza la aplicación de la ley. No porque se presente una denuncia del Ejecutivo quiere decir que se va a sentenciar a los presuntos responsables. Eso corresponde a los jueces, al Poder Judicial».
La posición del gobierno es «no ocultar ninguna información, presentar todas la pruebas y no tener injerencia, no dar línea en favor ni en contra, sino en justicia”.
